El interventor de Empleo fue presionado hasta su cese por la ayuda a Boliden

Según el último atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, Alegre manifestó a los investigadores que la Junta estaba incurriendo en costes derivados del vertido de 1989, tales como expropiación de fincas, «y a la vez pretendía pagar subvenciones pendientes a la empresa Boliden».

«A los responsables administrativos de la Consejería les interesaba proteger la plantilla (entre 300 y 500 trabajadores), que se intentaba mantener de manera artificial, es decir, mediante fondos públicos para sostener a esos ex mineros», según el interventor.

Alegre, que declaró como testigo en junio de 2012, «se resistió a esos pagos hasta el final de su estancia en la Intervención Delegada, materializado en un informe negativo días antes de su cese», por ello «sufrió presiones» y en una ocasión el Secretario General Técnico despachó con él este asunto para que diese conformidad al pago.

Alegre se negaba a firmar «pagos incongruentes» porque Boliden había incumplido la situación laboral y después del desastre ecológico no mantuvo la plantilla, que era «cuestión fundamental para el otorgamiento de la subvención».

Tras su cese en 2001 «se fiscalizó la propuesta de pago, lo que posibilitó la materialización del pago pendiente de esa subvención», relató a la Guardia Civil.

La declaración de Alegre figura en el atestado que ha servido a la juez Mercedes Alaya para imputar a otras veinte personas en el caso de los ERE, entre ellas nueve altos cargos o exaltos cargos de la Junta y a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez.

En otro párrafo de su declaración, Alegra afirma que las Asociaciones de Trabajadores, utilizadas para canalizar las ayudas de los ERE, eran «una argucia útil para ocultar el nombre de los trabajadores y así evitar un control».

No se trataba de un mecanismo «ilegal», pero «puede tener el efecto de ocultar que el auténtico beneficiario económico de las ayudas es una empresa, y por ende eludir la aplicación de la normativa comunitaria», según su declaración.

Al igual que otros testigos, Alegra manifestó a la Guardia Civil que la figura de la subvención excepcional «puede presentar riesgos generales de incumplimientos de normas» y que «si son recurrentes en el tiempo, pierden su excepcionalidad y haría falta regularlo con otra normativa».