Analizan si el iPad intervenido a Tito Berni es el del Congreso

La magistrada entendió que la intervención de los tres dispositivos, sus dos teléfonos móviles y la tablet, era «necesaria y proporcional» a fin de «poder esclarecer los graves delitos» que son objeto de investigación en el caso Mediador, «el grado de participación y la existencia de nuevos investigados».

Y en este contexto, y a la espera de que los servicios de la Cámara Baja entreguen los efectos personales que Fuentes Curbelo dejó en el despacho que ocupaba en la planta del Grupo Socialista, los investigadores examinan si la tablet incautada en su domicilio es la misma que usaba cuando era parlamentario y que, tras verse forzado a dejar su acta, pudo haber comprado y llevarse de la Cámara Baja.

Fuentes del Congreso de los Diputados consultadas por este diario aseguran que las tablets que se entregaron a los parlamentarios para esta legislatura corresponden al modelo iPad Pro. Es el mismo tipo de dispositivo que habrían entregado también a Juan Bernardo Fuentes Curbelo. No obstante, en su casa los agentes habrían encontrado otro modelo. De ahí que todavía esté por esclarecer si los investigadores le han intervenido todos los dispositivos o falta uno, precisamente el del Congreso. Su defensa no ha contestado a las preguntas de este diario sobre el iPad en discordia.

Del mismo modo, los investigadores analizan el resto de dispositivos intervenidos en los domicilios de la otra decena de investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. El análisis preliminar del teléfono del sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes, quien entonces ocupaba el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, revela ya que «gran parte del contenido» de las conversaciones de WhatsApp que mantenía con otros empresarios implicados en la presunta trama de mordidas «ha sido borrado».

Se trabaja además en el examen de la documentación, donde destaca una agenda incautada en su domicilio en la que plasmaba reuniones con otros empresarios imputados junto a anotaciones manuscritas de nombres de partidas europeas como «Next Generation» o «Ayudas Covid», como reveló ABC. No es la única sospecha de fondos europeos posiblemente malversados.

La Guardia Civil analiza ya con la ayuda de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuatro contratos por valor de 263.000 euros adjudicados a un empresario de la trama por parte de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiapp) cuando el general Francisco Espinosa -el único de los investigados que se encuentra en prisión provisional- se encontraba al frente del proyecto GAR-SI Sahel, financiado con fondos comunitarios. De las conclusiones de ese análisis dependerá que la Fiscalía Europea tenga que entrar en la causa.

De momento las delegaciones europeas del PP y de Ciudadanos (CS) han enviado sendas cartas a la Comisión Europea (CE) pidiendo que investigue las posibles ramificaciones del caso Mediador que pudieran afectar a los fondos europeos.

La portavoz de la delegación española del PPE, Dolors Montserrat, envió el lunes una comunicación oficial a la Comisión en la que pregunta al ejecutivo comunitario si tiene constancia de que se haya desviado dinero de los fondos europeos en adjudicaciones relacionadas con el caso.

Montserrat afirma que hace esta pregunta «tras conocerse que el objetivo de la trama era influir políticamente para conseguir fondos europeos a cambio de mordidas y fiestas en burdeles». La portavoz popular pregunta también a la CE si ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez información relativa a este caso de corrupción.

Por su parte, la delegación europea de CS también ha preguntado a la CE sobre el tema. Ha sido la eurodiputada Maite Pagazaurtundua quien le ha pedido que investigue la derivada comunitaria del caso Mediador, tanto por el posible desvío de fondos Next Generation como por las consecuencias que podría tener en este caso la rebaja del delito de malversación impulsada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Pagazaurtundua afirma en su carta que a su juicio las consecuencias de la corrupción en España deberían tener un reflejo en el próximo informe sobre el Estado de Derecho que se ha de publicar en verano. «Un Estado de Derecho sano lucha eficazmente contra la corrupción porque cada escándalo lo debilita. Construir un marco legal eficaz es el objetivo, y no precisamente desmontarlo mientras hay un suma y sigue de casos de malversación, corrupción o fraude como Mediador, ERE en Andalucía, etc», expresa la eurodiputada de Ciudadanos.