Batet ordena a los servicios del Congreso entregar a la juez del caso Mediador el material del despacho de Tito Berni

Batet responde así al oficio remitido por la titular del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye el caso Mediador, donde además de Tito Berni están imputadas otras once personas, entre ellas su sobrino, Taishet Fuentes, el mediador que da nombre a la trama, Antonio Navarro Tacoronte, y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, que sigue en prisión provisional. Tito Berni, en cambio, fue puesto en libertad hace unas semanas, aunque la juez discrepó de la Fiscalía, por considerar que sí existía riesgo de que destruyese pruebas.

En concreto, y según se informa desde la Presidencia del Congreso, se ha remitido ya un oficio a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General de la Cámara Baja «acordando que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por el órgano judicial, y ha comunicado asimismo a la magistrada el acuerdo adoptado».

La magistrada, en su requerimiento, solicitaba a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet «autorización y colaboración», a fin de que se hiciera entrega a la Policía de «los efectos depositados» en el despacho que venía ocupando como diputado el socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Es la solución que adoptó la instructora ante la petición de los investigadores, que el pasado 28 de febrero pidieron practicar una entrada y registro «sin restricciones» y después de que la Fiscalía informara en contra al entender que el Congreso es inviolable, informan Isabel Vega y Adriana Cabezas.

Anticorrupción apostó por enviar un oficio a la presidencia de la Cámara para solicitar los efectos del ya exdiputado, como ahora resuelve la instructora, que ve en todo caso esta medida proporcionada porque «existen indicios suficientes de la participación del investigado» en este asunto que se sigue por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y grupo criminal.

La resolución, notificada este lunes, acuerda asimismo la «apertura, estudio y análisis de los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital», incluidos los repositorios y datos que se encuentren en la nube y las redes sociales.

En la misma línea, autoriza el acceso a «la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigados, inclusive documentación falsificada».

La instructora recuerda en el auto que parte de las indagaciones en torno a Tito Berni se encuentran bajo secreto, pero sí deja ya escrito que en su caso, «los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal».