La Comisión Europea pone el foco sobre el caso Mediador

Por ahora, lo que se ha descubierto puede entrar en contradicción con una de las conclusiones de la misión del comité de control presupuestario del Parlamento Europeo que estuvo en Madrid la semana pasada y que dedujo que no había detectado fraudes directos en la atribución de los fondos de recuperación que se han asignado a España. Por eso, en la Comisión se mantienen por ahora en una actitud prudente que consiste en subrayar que el descubrimiento de esta trama «demuestra que hay buenos sistemas de control». Sin embargo, en el Parlamento Europeo, el caso Mediador aparecerá muy probablemente en las conclusiones de la misión que estuvo en Madrid y las recomendaciones al Gobierno español. La presidenta del comité de control presupuestario, Monika Hohlmeier, ha sido informada ya de los primeros indicios de conexiones con los fondos europeos en este asunto y, según fuentes parlamentarias, los ha recibido «con estupor».

La tesis de los investigadores es que se trata de un grupo criminal con dos cabezas: el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, junto a su sobrino y exdirector general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes; y el ya retirado general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que se encuentra en prisión provisional. El epicentro, Antonio Navarro Tacoronte, una persona con antecedentes y sin oficio conocido que habría hecho de intermediario entre empresarios que buscaban contratos, subvenciones públicas o esquivar sanciones y –al menos– estas personas, canalizando supuestas mordidas a cambio de que desplegasen sus influencias.

Tras un año de investigación bajo secreto de sumario, persisten dudas sobre si en algún caso lograron facilitar ese acceso a fondos públicos, en su mayoría europeos, que prometían a los empresarios. Sí consta que la trama los utilizaba como gancho, mencionando entre otras partidas las ayudas comunitarias Next Generation o para combatir los efectos del Covid, pero queda camino por recorrer. Tras la detención hace dos semanas de una docena de personas, incluido el diputado canario del PSOE, se trabaja en el análisis de la documentación y los dispositivos que les fueron intervenidos en las entradas y registros de sus viviendas. Incluidas las agendas de ese director general de Ganadería, Taishet Fuentes, donde anotaba nombres de partidas europeas en las reuniones con los empresarios implicados. En su mayoría se trata de ganaderos, por lo que su historial refleja ayudas al sector primario procedentes de Europa, no necesariamente obtenidas en fraude y que, de momento, no están en el centro de la causa.

Esto, en la parte canaria, la que afecta directamente al diputado Fuentes Curbelo. La que toca al general es la que ahora preocupa y da de lleno en fondos de la Comisión Europea. Espinosa, en las fechas de los hechos (2020-2021), estaba al frente del proyecto GAR-SI Sahel y desde allí se concedieron una serie de contratos con fondos europeos a uno de los empresarios imputado ahora en la causa y amigo suyo, José Suárez, alias 'El Drones'. Por eso dichas adjudicaciones están ya bajo la lupa de la UE.

GAR-SI Sahel es un programa del Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil y que gestiona la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), entidad pública cuyo patronato encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno. En el periodo investigado, de 2019 a 2021, era Carmen Calvo. Ahora es Nadia Calviño. La dirección ejecutiva está en manos, no obstante, de una comisión permanente que preside la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. Y al frente de la Secretaría General, que licita las adjudicaciones, figura una funcionaria de larga trayectoria en cooperación y que, según la propia Fiiapp, entre 1998 y 2002 gestionó los fondos europeos para cohesión regional en el Gobierno de Aragón: Inmaculada Zamora.

En cuanto al proyecto en sí, que nace del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Comisión Europea, se trata de una iniciativa de cooperación delegada en Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad que lidera la Guardia Civil y apoyan la Gendarmería francesa, los Carabineros italianos y la Guardia Nacional portuguesa. Busca formar unidades de élite para mejorar la seguridad interior de esos países.

Este es el contexto en el que, con el general Espinosa al mando, ese empresario con el que mantenía relación desde al menos 2019 obtuvo tres contratos de suministro y equipamiento para el GAR-SI Sahel y un cuarto de la Fiiapp también con fondos europeos. El primero fue adjudicado en julio de 2020 y su sociedad, Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. (ASD), recibió 37.500 euros para estos dispositivos en Mauritania. En el segundo, de la misma fecha y por el mismo producto, el lote ascendía a 53.000 euros para desplegar en Níger. El tercero, un lote de 16.940 euros para la Gendarmería de Malí. El cuarto es de julio de 2021 por 30.129 euros, pero para el proyecto de Fiiapp CT Public Spaces, que no tendría relación con Espinosa.

En la causa aparecen seis expedientes más en las fechas objeto de la causa. Unos drones para el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) por 6.766 euros, otro para el servicio de Protección Civil contratado por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón (7.450 euros), aeronaves no tripuladas (14.997) en la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos y Operaciones del Ejército de Tierra, una cámara térmica de 5.000 euros para la alcaldía de Valdepeñas (Ciudad Real) y un sistema de detección de drones para la Dirección General de la Policía (21.000) por cuenta de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Se suma un sistema de suministros de detección y localización de drones para Guardia Civil por casi 120.000 euros.

Estos diez encargos corresponden a 2020 y 2021, pero no son los únicos. ABC ha localizado nueve contratos más con administraciones públicas en el mismo periodo y la mayoría, como el mencionado del Ejército de Tierra, están por debajo de 15.000 euros, el límite legal para una adjudicación directa.

Las fotos del sumario

El cebo, anotado

El exdirector general de Ganadería Taishet Fuentes trataba la posibilidad de acceder a fondos europeos con los empresarios que pagaron a la trama. Era el gancho.

Next generation y ayudas covid

Las notas se corresponden con reuniones que grababa el mediador con empresarios que necesitaban subvenciones

La subvención para el tractor

Un matrimonio dueño de empresas lácteas pagó a la trama y esperaba una subvención para un tractor que nunca llegó.

Los regalos

El general Espinosa posa con una caja de puros que el mediador le ha hecho llegar desde Canarias a través de un empresario. Mandó al chófer a recogerlos al aeropuerto.

La Fiiapp, presente

El mediador y uno de los empresarios imputados posan con un cartel de la Fiiapp durante un 'paseíllo' por la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid

Gar-si sahel y drones

Los contratos bajo la lupa eran compras de drones para misiones en el Sahel del proyecto GAR-SI que lidera la Guardia Civil y forma a policías locales de varios países.

Los que están en el foco son los cuatro de la Fiiapp. La juez al frente del caso reclamó los expedientes y ya están siendo analizados. Consultada por ABC, en esta fundación pública defienden la limpieza de esos procesos y subrayan que desde 2015, han comprado drones por valor de 1,5 millones de euros a una decena de adjudicatarios distintos. Fuentes del caso explican a este diario que no se trata tanto de la apariencia regular de las adjudicaciones como de su «trastienda». El escrutinio se centra en toda la vida del contrato, desde la misma idea de que el servicio era necesario hasta su efectiva prestación. La clave, el cruce de los expedientes con la documentación y dispositivos informáticos incautados al general en las entradas y registros: emails, llamadas, mensajes... Él, ante la juez instructora, negó que manipulara concurso alguno para favorecer a terceros en el ejercicio de su profesión, igual que el empresario negó haber pagado comisiones o maniobrado para conseguir las licitaciones.

Queda todavía para que los investigadores esclarezcan este asunto. Si detectasen irregularidad o fraude en la contratación, tendrían que notificar de inmediato a la Fiscalía Europea, que podría así entrar en el caso Mediador porque a priori –entran en juego otros factores, como la concurrencia de delitos más graves– siendo fondos comunitarios la investigación sería de su competencia. Lo que todo apunta a que ocurrirá antes es que lo relativo a la Fiiapp, el general y los contratos termine en una pieza judicial separada, al margen de la que analiza el papel del diputado. Tampoco se descarta que se acabe pasando la lupa sobre la relación de Espinosa con otros empresarios que se cruzan con el caso, sobre todo si se hallan indicios de que pudo influir en contratos examinados.

Llama la atención una de esas amistades, el constructor Ángel Tejera de León, alias Mon, que estuvo en una reunión con el general, el mediador y otros dos investigados jactándose de propiedades en Lanzarote. Le ha salpicado alguna causa de corrupción y está imputado en Madrid por unas obras en cuarteles de la Guardia Civil. En la causa, de momento, se subraya que está «relacionado» con el general Espinosa.