El acelerón en la tramitación de la ley de vivienda enerva a la oposición y a la mitad de los socios

Este martes, la primera —y previsiblemente última— reunión de la ponencia para discutir las enmiendas al articulado del proyecto de ley del Gobierno terminó convertida en un campo de batalla. El PSOE arrastró a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu a una tramitación aceleradísima, tras el acuerdo que cerraron los cuatro partidos el viernes, y la oposición y otros aliados habituales como PNV y PDeCAT apenas pudieron protestar el rato que duró la cita: menos de una hora.

En ese tiempo, el Ejecutivo y los independentistas ventilaron el debate de las 866 enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley, incluidas 44 transaccionales —las firmadas por varios grupos— que agrupaban cerca de cuatrocientas de las registradas. Fuentes parlamentarias, en conversación con este diario, se quejan de que no se consultó con los grupos la confección de las transaccionadas y que, en algunos casos, esa 'transacción' se limita a incluir una palabra en el texto que ya presentaba el Gobierno, tras su acuerdo con ERC y Bildu.

Noticia Relacionada

El PP relega a ex dirigentes de Ciudadanos a puestos de muy difícil elección en las listas al 28M

Sara Medialdea

El diputado regional Sergio Brabezo, al 74 para la Asamblea; en el Ayuntamiento, Ángel Niño será 25 pero Pepe Aniorte está en el 32

Fuentes presentes en la reunión de la ponencia relatan la especial tensión vivida en la cita, con fuertes críticas de Íñigo Barandiaran (PNV), pero sobre todo de Ferran Bel (PDeCAT, que llegó a marcharse antes de tiempo) y Ana Oramas (CC), y con un vehemente rifirrafe entre Mario Garcés (PP) y el presidente de la Comisión de Transportes, el socialista Ignacio López Cano. El intríngulis del asunto reside en las prisas de PSOE y Unidas Podemos para cumplir la exigencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que esta norma esté aprobada antes del 28M.

Para ello, PSOE y Unidas Podemos, con la connivencia de ERC y Bildu, se valieron de su mayoría en la Mesa de la Comisión de Transportes para dar por finiquitada la fase de ponencia este martes, tras una sola reunión de menos de una hora, y para convocar ya para este jueves a la Comisión de Transportes al completo —la citación les llegó a sus señorías al móvil en plena ponencia, según fuentes parlamentarias—, en la que se prevé la aprobación del texto para su remisión al pleno del Congreso, donde se quiere debatir el 27 de abril. Después, la idea del Gobierno es acelerar también los plazos en el Senado para que la norma se pueda debatir la primera semana de mayo y que esté aprobada, incluso, antes de la campaña de las autonómicas y municipales.

Fueron varios los partidos, y no solo de la oposición, los que preguntaron los motivos tras esta tramitación tan apresurada, a lo que tan solo se respondía que la situación de la vivienda en España requiere de una actuación «urgente». El PP ya ha registrado un escrito de queja a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso ABC, en el que reclama a la presidenta Meritxell Batet que vele por «los derechos de las minorías y el pluralismo político» e intervenga «desterrando actitudes arbitrarias y poco democráticas».

Los populares, como hacen también otras formaciones, piden la convocatoria de otra reunión de la ponencia para trabajar más en las enmiendas. Algo que descartan PSOE y Unidas Podemos para cumplir su meta de tener la ley lista antes del 28M. Fuentes del Gobierno confían en que haya margen para ello, aunque deslizan que podrían tener una mayor complicación con los tiempos del Senado, informa Víctor Ruiz de Almirón.

«En los últimos años asistimos atónitos al desprecio por parte del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios que lo sustentan hacia el proceso y tramitación parlamentaria, menoscabando la demandada excelencia de la labor parlamentaria», recoge el PP en su escrito —firmado por las diputadas Ana Zurita y Paloma Gázquez—, en el que además viene a contravenir la urgencia esgrimida por las formaciones que conforman el Gobierno de coalición.

Para ello, los populares recuerdan que la Mesa del Congreso calificó la ley de vivienda el 15 de febrero del 2022, por el procedimiento de urgencia, pero que la norma ha estado varada en la Cámara Baja hasta ahora, a las puertas de las elecciones del 28 de mayo, por desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos. Hasta este martes no se había celebrado ni una sola reunión de la ponencia, que no se constituyó siquiera hasta el 24 de enero del 2023.

El viernes 14 de abril, PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu anunciaron un acuerdo para la aprobación de la ley de la vivienda y ese mismo día se convocó la ponencia de este martes. La víspera, a las cinco de la tarde, se enviaron a los grupos las 44 enmiendas transaccionadas, que debían estudiar precipitadamente para decidir qué posición adoptaban en la ponencia, convocada para las diez de la mañana del día siguiente.

Fuentes de Vox consultadas por ABC remarcan además que ese paquete de enmiendas venía encabezado por la siguiente frase: «El Gobierno acepta la incorporación de las siguientes enmiendas». Un detalle que para este partido demuestra «la absoluta inexistencia de la separación de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo». «El Grupo Parlamentario Vox ha expresado su disconformidad, no solo con que una futura ley de esta relevancia se haya cerrado en una ponencia de menos de una hora, sino con que, además, la Mesa haya acordado su votación en comisión este jueves para que así esta ley pueda ser aprobada en pleno la semana que viene», expresan estas fuentes.

Desde Vox avisan que van a hacer «todo» lo que esté en su mano para tratar de frenar la puesta en marcha de esta ley, en una advertencia que también hace CS. «Han pasado el rodillo, ha sido una tropelía contra los derechos de participación política de la oposición», dijo Edmundo Bal en rueda de prensa. Fuentes cercanas al abogado del Estado informaban este martes de que su grupo está buscando un «obstruccionismo parlamentario» para entorpecer al Gobierno y están valorando si piden que se voten todas las enmiendas por separado para alargar, incluso durante días, la Comisión de Transportes y frustrar la celeridad del Ejecutivo. Una idea que también estudian, según algunas fuentes, Vox, PDeCAT y CC.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también criticó las formas de los partidos del Gobierno y remarcó que una ley de «este calibre» habría merecido «un poquito más de reposo». «Nadie puede decir que esto es una tramitación habitual», se quejó, evidenciando el malestar en una formación que otrora era el socio preferente del Ejecutivo. ERC y Bildu, ahora, toman la delantera.