El PSOE no cede con el 'sí es sí' y aspira a cerrar la ley de vivienda antes del 28-M

Tres van a ser los elementos que van a centrar el interés y que el ala socialista del Gobierno busca utilizar a su favor. También en Podemos toman posiciones. En medio de todo ello está Yolanda Díaz. No habrá acuerdo en ese espacio antes de los comicios de mayo. La primera batalla será inmediata y ya está a pleno rendimiento. Podemos ha registrado este lunes enmiendas a la reforma de la 'ley del solo sí es sí', cuatro días después de que hicieran lo propio ERC y Bildu. Pero en el PSOE no van a ceder. La ministra de Educación y portavoz de la dirección socialista, Pilar Alegría, ha defendido este lunes que la propuesta de sus socios «no soluciona los efectos indeseados» que se produjeron con la puesta en marcha de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

Los socialistas creen que las enmiendas conocidas, también las de ERC y Bildu la semana pasada, son muy similares a lo que venían conociendo estos meses pasados por parte de Podemos. Llegan a sugerir desde las filas socialistas una estrategia conjunta de esas tres fuerzas. El portazo del PSOE a esas modificaciones ha sido nítido: «Esas enmiendas no corrigen ese error y no evitan esos efectos indeseados». El único camino es el suyo: «Es importante no confundir la cerrazón con el feminismo», ha reprochado Alegría.

La lectura es completamente distinta en Unidas Podemos, donde defienden que sus cambios permiten salvaguardar el espíritu de la ley –poner en el centro el consentimiento de la víctima–, pero a la vez «reforzar» las consecuencias de la violencia y la intimidación en las circunstancias agravantes, que elevan las penas previstas.

Unidas Podemos, que ha apurado el plazo para registrar enmiendas a la proposición de ley del PSOE, plantea cambios similares a los de ERC y Bildu. Ya este domingo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reconoció que existía «una gran sintonía» entre las enmiendas de los separatistas y las opciones que le había trasladado en privado el Ministerio de Igualdad al PSOE. Este mismo lunes, en TVE, la ministra Irene Montero ha avanzado que las modificaciones de su partido iban en «la misma línea» que las de sus socios.

Mientras el PSOE propone establecer un subtipo penal diferenciado en los casos con violencia o intimidación, ERC y Bildu, y aunque con matices también Unidas Podemos, reclaman que la mayor gravedad de las penas cuando medien violencia o intimidación se recoja en las circunstancias agravantes. Según Podemos, esto es clave para que el consentimiento siga siendo lo fundamental en la ley, y no si hubo o no violencia, como sucedía en el anterior Código Penal con la diferencia entre abuso y agresión sexual.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del 'solo sí es sí', eliminó esa distinción para que todo sea considerado agresión sexual. Pero la norma estrella de Irene Montero ha provocado un efecto indeseado con un goteo de casi ochocientas rebajas de penas a agresores sexuales y más de setenta excarcelaciones desde su entrada en vigor el pasado mes de octubre, únicamente con los datos registrados hasta febrero.

Cuando la Comisión de Igualdad del Congreso debata las enmiendas, el PSOE necesitará de nuevo del concurso del PP para tumbar las de sus aliados habituales y sacar adelante su texto original. Una realidad que estos días han aprovechado en Podemos para presionar a su socio en el Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad ha invitado a los socialistas a «reflexionar» y ha apuntado que sería «una mala noticia» «para las feministas y las mujeres» que la ley salga adelante de la mano de los populares.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado a su vez, momentos después del registro de las enmiendas en el Congreso, que no es necesario «ese retroceso» que según ella pretende el PP «para mejorar la aplicación de la ley en los tribunales». De nuevo, ausencia total de autocrítica y una mirada de reproche a los jueces que están revisando a la baja centenares de penas.

El segundo elemento es la ley de vivienda, que el PSOE espera que pueda cerrarse «muy pronto», según trasladan fuentes gubernamentales. Desde luego, antes del 28 de mayo. Los socialistas saben que, aunque su aplicación real dependerá de los gobiernos autonómicos, es un elemento de mucho peso en municipios de mercado del alquiler tensionado como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Todas ellas fundamentales para los socialistas.

Belarra, este domingo, avisó por su parte que el Gobierno tiene «tareas pendientes» que no pueden esperar «al final del tercer trimestre ni a los exámenes de julio». El Ejecutivo llegó a pedir la habilitación del mes de enero para avanzar en esta materia –también en la finalmente frustrada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana–, pero la norma sigue sin avances y desde Podemos trasladan más pesimismo que desde el PSOE. El socio minoritario de la coalición aboga sí o sí por intervenir los precios del alquiler, pero a los socialistas no les termina de convencer ninguna fórmula, por miedo a que un exceso de intervencionismo pueda distorsionar el mercado.

«Lo que queremos, y lo llevamos pidiendo meses, es que el PSOE desbloquee ya la ley de vivienda. Nosotras pensamos que, en este último año de legislatura, es necesario gobernar, gobernar y gobernar. Y para ello necesitamos demostrarle al conjunto de la ciudadanía que somos capaces, también en este último año, de hacer políticas valientes», dijo Irene Montero en Trujillo (Cáceres) este domingo.

La presión al PSOE, a quien reclaman una mayor ambición para cumplir con los compromisos de la coalición, se conjuga al mismo tiempo con los reiterados mensajes a Díaz, a quien Podemos, que no fue al acto de presentación de Sumar en Madrid, acusa de «falta de compromiso con la unidad». Pero al margen de las dificultades para que Sumar y Podemos lleguen a un acuerdo, hay un último elemento de choque con la rama socialista por las medidas encaminadas a contener la inflación.

Ahí, el Gobierno se reserva la puesta en marcha de más paquetes. El decreto aprobado a finales del año pasado contiene medidas, como algunas bajadas del IVA o un cheque de doscientos euros para familias vulnerables, que expiran el 30 de junio. Pero el Ejecutivo se guarda nuevas acciones. Aquí también habrá fricción. Los socialistas están dispuestos a extender las rebajas fiscales porque consideran que es la forma más práctica de hacer bajar los precios, o a aprobar algún nuevo cheque, ahora que el plazo para solicitar el actual ha expirado.

Pero aquí Podemos apuesta por una bonificación de la cesta básica de la compra. Los socialistas consideran que su puesta en práctica es muy complicada e impracticable para el comercio de proximidad, pero Belarra insistía el fin de semana: «Necesitamos 'topar' la cesta básica de los alimentos, que está lastrando las economías familiares». Una intervención directa que, además, propone también para las hipotecas a tipo variable.