¿Y ahora qué?

¿Y ahora qué?, se preguntan, inquietas, las personas de buena voluntad. Carlos Herrera se lo preguntaba ayer en su tertulia, y es una pregunta razonable. La respuesta no es tan deslumbrante como muchos querrían pero es que tendremos exactamente lo mismo que hasta ahora: la contención de los vándalos, su detención cuando se estime oportuna, con las multas económicas y las penas de prisión que en cada caso procedan. Una batasunización light de Cataluña , light y sucia, empobrecedora, hasta que los catalanes que crean que merece la pena vivir en calma y prosperidad despierten de su ensoñación romántica y paguen el precio que siempre hay que pagar para defender la libertad. El Estado tiene que garantizar el orden constitucional pero no puede hacer nada contra una comunidad que decide degradarse y causarse, por acción u omisión, este dolor absurdo y estéril. La Policía está para marcar los límites, no para dar clases particulares a los niños de los adoquines en sustitución de la clamorosa dejación de sus padres; y los jueces no pueden ejercer de vengadores del honor de España , como si fuera una dama, porque a pesar de que los más exaltados se empeñen en darles la razón, los independentistas de ninguna manera la tienen cuando dicen que no existe la separación de poderes y que nuestra Justicia es vengativa y mamporrera.

El nacionalismo es un sentimiento antiguo y arraigado en Cataluña . Su articulación política ha funcionado en la moderación y en el pacto pese a las corruptelas que quepa descontar. Pero en el «todo o nada» siempre ha naufragado y lo que sucedió en los años 30 es lo que hoy sucede , y por los mismos motivos. Hay una psicología lugareña y repentinos subidones de azúcar que nublan la inteligencia de personas que por lo demás son perfectamente normales y hasta brillantes como empresarios y padres de familia. Es verdad que la psicología no es un argumento político, pero también lo es que muchas veces las cuestiones personales son las que en mayor medida determinan el curso de los acontecimientos.

Es por una forma de ser, más que por una forma de pensar, que el independentismo se ha convertido en un problema de orden público , y que el desorden público refleja un desorden moral que no sólo afecta a las barricadas. El contexto justificativo que ha creado la sociedad catalana, no en su totalidad pero sí en su conjunto, alrededor de las aberraciones políticas y criminales del independentismo, es una patología que ni los parlamentos ni los tribunales pueden curar, y mientras los catalanes votemos lo que votamos, tendremos lo que tenemos y nadie nos va a poder ayudar.

Si alguien se salta la Ley, tendrá su castigo. Si es el Govern, quedará cesado en virtud del artículo 155 . Contra el caos, la Policía. Contra los desperfectos, las multas. Contra los ataques más graves en cualquier ámbito, la cárcel. Y así una y otra vez, como ocurre en los países civilizados. El Estado ha marcado con rigor los límites y las consecuencias de no observarlos. La sentencia del Tribunal Supremo , sólidamente razonada y de quirúrgica precisión en lo que al conocimiento de la vida política catalana se refiere, es la propia de un Estado de Derecho, higiénicamente alejada de la tentación tribal y del jaleo de barra de bar.

A partir de ahí, ser ricos, felices, constructivos y aseados, o unos pobres desgraciados –cada vez más pobres y más desgraciados– es una decisión que han de tomar única y exclusivamente los catalanes.