Tres investigaciones, tres años de cerco a Don Juan Carlos

Además, los trabajos de la Fiscalía española se han desarrollado en paralelo a otras investigaciones que abrió la Fiscalía de Suiza y que llegaron a vía muerta por falta de indicios el pasado diciembre, como ahora estos:

Las primeras diligencias sobre Don Juan Carlos las abrió la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2018. Tiró del hilo de unos audios que el comisario José Manuel Villarejo había grabado en una charla con la examante del padre del Rey, Corinna Larssen, en Londres en 2016 y que dos años más tarde se filtraron a la prensa. En aquella cinta, ella refería que él tenía fondos ocultos en el extranjero y testaferros como su primo, Álvaro de Orleans. Hablaba asimismo de cuantiosas comisiones en su favor por la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas.

Suiza se interesó por el asunto de las cuentas y los testaferros porque Larsen señalaba que los fondos se ocultaban en aquel país. Mientras, Anticorrupción se centró en un presunto delito de corrupción en las transacciones internacionales poniendo la lupa en el consorcio de empresas y los intermediarios. La razón, que la Audiencia Nacional, en el caso Villarejo, había dado por hecho ya que de haber delito en Don Juan Carlos no podría prosperar por ser de la época en que era aún jefe del Estado y así, inviolable.

Anticorrupción recabó información del consorcio de empresas e interrogó testigos que intervinieron en aquella negociación. Entre ellos, la propia Corinna Larsen y la iraní Shahpari Zanganeh, conocida intermediaria y ex esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi. La investigación en España, alimentada por la información que iba recabando Suiza, llegó a varias revelaciones.

La primera, que Don Juan Carlos fue beneficiario de una fundación en Panamá creada ad hoc por los gestores de cuentas Arturo Fasana y Dante Canónica en 2008 para recibir 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Que ese dinero fue transferido ya en 2012 a una cuenta de Corinna Larsen, poniendo ambos por escrito que era un regalo sin contraprestaciones . Y que los dos se habían beneficiado de viajes privados que costeaba la fundación de Álvaro de Orleans, también creada por Fasana y Canónica pero en Liechtenstein. En total, habría pagado 8 millones de euros en vuelos a Don Juan Carlos cuando ya había abdicado y hasta 2018.

Este fue el asunto que mantuvo vivas las diligencias. El padre del Rey acometió una regularización fiscal y pagó 4,2 millones de euros por esos pagos en especie que no había declarado. La documentación de las cuentas de Álvaro de Orleans necesaria para contrastar la veracidad del afloramiento no llegó a la Fiscalía hasta finales de 2021. Una vez los peritos dieron luz verde, este caso se abocó al archivo .

Las segundas diligencias de investigación también nacieron en la Fiscalía Anticorrupción. Fue a principios de 2019 y la investigación reveló que el empresario mexicano Allen Sanginés Krause había estado enviando dinero al padre del Rey a través de una persona interpuesta, su ayudante campo, el coronel del Aire Nicolás Murga, que administraba los fondos sufragando con tarjeta gastos de Don Juan Carlos y algunos de sus familiares.

Anticorrupción tomó declaración al propio Murga pero al cabo de unos meses, la Fiscalía General del Estado ordenó que el asunto viajase al Tribunal Supremo. Al fin y al cabo, si había delito de Don Juan Carlos sería esa la instancia competente dado que es aforado. Por el camino, el padre del Rey regularizó las cuantías recibidas del mexicano correspondientes a los ejercicios no prescritos. Pagó al fisco 678.393 euros y los técnicos de Hacienda dieron por veraz y espontáneo aquel afloramiento. De nuevo, se invalidaba el posible delito fiscal (más de 120.000 euros no declarados) en favor de Don Juan Carlos.

La tercera línea de investigación se abrió a finales de 2020 y ya directamente en la Fiscalía del Supremo, donde por orden de Delgado se constituyó un equipo de trabajo en el que quedó integrado el fiscal Jefe de Anticorrupción. Al inicio, trabajaban bajo mando del teniente fiscal Juan Ignacio Campos , que falleció el pasado 15 de diciembre. Fue Alejandro Luzón quien entonces, se quedó al frente de las pesquisas.

El origen está en una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac) por unas disposiciones de fondos en un conglomerado empresarial en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey . La investigación reveló que ese trust estaba a nombre del amigo de Don Juan Carlos Joaquín Romero de Maura, que lo creó en el año 2014. No consta indicio alguno de que desde entonces, el padre del Rey tocase ni la mercantil ni los fondos que contenía.

La cuestión es que Romero de Maura creó aquel trust con la fusión de otros dos que en los 90 puso en pie Manuel Prado y Colón de Carvajal y que sí tenían como beneficiario directo a Don Juan Carlos. La tesis de la Fiscalía es que se habían constituido con fondos recogidos décadas antes fruto de donaciones en favor del entonces príncipe para que si un día soplaban malos vientos para la Monarquía en España, tuviese ahí un apoyo. No obstante, los mismos fiscales concluían que nunca se podrá esclarecer el origen real de aquel dinero .