Imagen de archivo del fiscal Miguel Ángel Subirán
Imagen de archivo del fiscal Miguel Ángel Subirán - EFE

Trascienden «whatsapps» presuntamente incriminatorios para el primer instructor del caso Cursach

El diario «Última Hora» ha avanzado el contenido de diversos mensajes cruzados durante años entre el magistrado, el fiscal y el Grupo de Blanqueo

Palma de MallorcaActualizado:

El denominado caso Cursach podría dar un vuelco en los próximos días o incluso en las próximas horas, después de que el diario «Última Hora» haya publicado este viernes en exclusiva el contenido de diversos «whatsapps» que se cruzaron durante años el primer instructor del proceso, el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y agentes del hoy extinto Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma. En dichos «whatsapps» aparecen comentarios como mínimo inadecuados referidos a detenidos, imputados, abogados o fiscales, con expresiones como que «cague caldo», «eso no lo tira en Juicio ni el Papa Francisco» o «abogado de gitanazos y morralla diversa. Qué p... asco».

Tomando como base el contenido de esos y otros «whatsapps», el equipo de la Policía Nacional que desde hace meses investiga el origen de unas presuntas filtraciones periodísticas habidas en el caso Cursach entregó el pasado miércoles al actual instructor de la causa, el juez Miquel Florit, un informe en el que se apunta que el juez Penalva y el fiscal Subirán podrían haber cometido una decena de presuntos delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, denuncia falsa, revelación de secretos, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos, en el marco de este caso. El juez Florit trasladó ayer dicho informe policial al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que en principio debería ser el órgano que tendría que decidir si finalmente se imputa o no a Penalva y a Subirán.

El TSJIB dictó ayer mismo un auto, en respuesta al oficio enviado por el juez Florit, en el que acordó devolver al magistrado toda la documentación que había aportado por la mañana. La Sala entiende que no puede pronunciarse aún sobre el caso hasta que el instructor de la causa no haya llevado a cabo dos pasos previos. Así, el juez Florit debe primero consultar a todas las partes personadas en el caso sobre la conveniencia de elevar esta causa al TSJIB. Posteriormente, dicho magistrado debería remitir al citado órgano judicial una exposición razonada sobre los supuestos delitos que habrían cometido el juez Penalva y el fiscal Subirán. Hasta entonces, el juez Florit debe abstenerse por el momento de enviar a la Sala cualquier material.

Una pieza separada

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. Esta causa judicial cuenta hoy con diversas piezas separadas, entre ellas una específica que abrió el juez Florit el pasado año para indagar acerca de las filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en el marco de este proceso. Dicha pieza se abrió tras sendas denuncias previas presentadas por Cursach y por uno de sus colaboradores, Bartomeu Sbert, también investigado.

A raíz de esas denuncias, agentes de Asuntos Internos iniciaron una investigación el pasado verano para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de las posibles filtraciones a los medios de comunicación. Las primeras sospechas recayeron sobre el antiguo Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. La citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el juez Penalva y con el fiscal Subirán. De hecho, en su momento se crearon hasta tres grupos de «whatsapp» compartidos, en los que de manera regular había intercambio de comentarios y de información. El contenido de esos mensajes ha sido avanzado este viernes, como se ha señalado, por el diario «Última Hora».

En el ámbito de esta pieza separada y específica del caso Cursach, el pasado 19 de diciembre fueron detenidos el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad por el presunto delito de revelación de secretos. Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez. Posteriormente, el pasado martes, fueron también arrestados otros dos antiguos agentes del Grupo de Blanqueo, en concreto una inspectora y un subinspector de la Policía Nacional, que fueron detenidos en Madrid y en Palma, respectivamente. El motivo de la detención habría sido el mismo, una supuesta revelación de secretos. Horas después de su arresto, ambos agentes quedaron también en libertad con cargos. El siguiente paso dado ahora en esa misma línea de investigación ha sido la entrega al juez Florit del mencionado informe policial en el que se solicita que se investigue al juez Penalva y al fiscal Subirán.

Teléfonos requisados

Otro hecho relevante ocurrido también el pasado mes de diciembre fue que el juez Florit ordenó la incautación de material y de documentos al periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y a la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou, que han sido dos de los profesionales que han venido informando de manera regular sobre el caso Cursach. Con posterioridad, el pasado mes de enero, Mestre y Pou recuperaron todo el material que les había requisado la Policía Nacional por orden del magistrado, incluidos sus respectivos teléfonos móviles. En cualquier caso, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella conjunta contra Florit, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional de los periodistas. Dicha querella fue admitida a trámite poco después por el TSJIB.

Por lo que respecta a la pieza principal del caso Cursach, que en principio será dilucidada en los próximos meses, en ella la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que en el marco de dicha pieza principal se sienten también en el banquillo otras 23 personas, entre ellas empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. Este será el segundo juicio al que se enfrente el magnate mallorquín. Cabe recordar que en junio del pasado año Cursach fue condenado a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. En la actualidad, se encuentra en situación de libertad provisional, tras haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma.

Las actuales previsiones en torno al próximo juicio sobre la pieza principal del caso Cursach se mantienen por el momento, pese a las investigaciones en marcha contra, por una parte, el juez Florit, y contra, por otra parte, el juez Penalva y el fiscal Subirán. Aun así, en función de cómo vayan evolucionando dichas investigaciones y en función también de las posibles repercusiones que pueda haber ahora tras hacerse hoy público el contenido de los mencionados «whatsapps» supuestamente incriminatorios, podría llegar a producirse en breve el archivo de una parte del caso Cursach o incluso de toda la causa en su conjunto.