El fiscal Miguel Ángel Subirán, en una imagen de archivo de 2011
El fiscal Miguel Ángel Subirán, en una imagen de archivo de 2011 - EFE

La Policía pide que se investigue al primer instructor del caso Cursach por pertenencia a grupo criminal

En el informe se atribuyen al juez Penalva y también al fiscal Subirán otros delitos, como revelación de secretos, coacciones o amenazas

Palma de MallorcaActualizado:

El equipo de la Policía Nacional que desde hace meses investiga el origen de las presuntas filtraciones periodísticas habidas en el caso Cursach entregó ayer al actual instructor de la causa, el juez Miquel Florit, un informe en el que se apunta que el primer instructor del proceso, el juez Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán podrían haber cometido los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, denuncia falsa, revelación de secretos, coacciones y amenazas, entre otros, en el marco de este caso. El juez Florit ha trasladado este jueves dicho informe policial al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), que será el órgano que deberá decidir si finalmente se imputa o no a Penalva y a Subirán.

El TSJIB ha dictado poco después un auto, en respuesta al oficio enviado por el juez Florit, en el que ha acordado devolver al magistrado toda la documentación que había aportado esta mañana. La Sala entiende que no puede pronunciarse aún sobre el caso hasta que el instructor de la causa no haya llevado a cabo dos pasos previos. Así, el juez Florit debe primero consultar a todas las partes personadas en el caso sobre la conveniencia de elevar esta causa al TSJIB. Posteriormente, dicho magistrado debería remitir al citado órgano judicial una exposición razonada sobre los supuestos delitos que habrían cometido el juez Penalva y el fiscal Subirán. Hasta entonces, el juez Florit debe abstenerse por el momento de enviar a la Sala cualquier material.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. Esta causa judicial cuenta hoy con diversas piezas separadas, entre ellas una específica que abrió el juez Florit el pasado año para indagar acerca de las filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en el marco de este proceso. Dicha pieza se abrió tras sendas denuncias previas presentadas por Cursach y por uno de sus colaboradores, Bartomeu Sbert, también investigado.

A partir de entonces, agentes de Asuntos Internos iniciaron una investigación el pasado verano para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de las posibles filtraciones a los medios de comunicación. Las primeras sospechas recayeron sobre el antiguo Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. La citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el juez Penalva y con el fiscal Subirán. De hecho, en su momento se crearon hasta tres grupos de «whatsapps» compartidos, en los que de manera regular había intercambio de comentarios y de información. El contenido de esos mensajes ha sido analizado recientemente.

En el marco de esta compleja investigación, el pasado 19 de diciembre fueron detenidos el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad por el presunto delito de revelación de secretos. Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez. Posteriormente, el pasado martes, fueron también arrestados otros dos antiguos agentes del Grupo de Blanqueo, en concreto una inspectora y un subinspector de la Policía Nacional, que fueron detenidos en Madrid y en Palma, respectivamente. El motivo de la detención habría sido el mismo, una supuesta revelación de secretos. Horas después de su arresto, ambos agentes quedaron también en libertad con cargos. El siguiente paso dado ahora en esa misma línea de investigación ha sido la entrega del mencionado informe policial preliminar en el que se solicita que se investigue al juez Penalva y al fiscal Subirán.

Móviles incautados

Cabe recordar que en el ámbito de esta misma pieza separada del caso Cursach, el juez Florit había ordenado también en diciembre la incautación de material y documentos al periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y a la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou, que han sido dos de los profesionales que han venido informando de manera regular sobre el caso Cursach. Con posterioridad, el pasado mes de enero, Mestre y Pou recuperaron todo el material que les había requisado la Policía Nacional por orden del magistrado, incluidos sus respectivos teléfonos móviles. La devolución de ambos teléfonos a dichos periodistas había sido decretada poco antes por el propio juez Florit, quien además certificó que los móviles no fueron finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco fueron examinados.

En cualquier caso, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella conjunta contra Florit, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional de los periodistas. Dicha querella fue admitida a trámite poco después por el TSJIB. Con posterioridad, los mismos demandantes solicitaron que la querella fuera ampliada contra el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, ya que, según «Diario de Mallorca» y Europa Press, Carrau habría avalado la incautación de los móviles requisados por el juez Florit. La ampliación de la querella contra el fiscal ha sido denegada esta misma semana por el TSJIB, por lo que la investigación ya en marcha se centrará finalmente sólo en dicho magistrado.

Por lo que respecta a la pieza principal, que será dilucidada en los próximos meses, en ella la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que en el marco de dicha pieza principal se sienten también en el banquillo otras 23 personas, entre ellas empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma. Este será el segundo juicio al que se enfrente el magnate mallorquín. Cabe recordar que en junio del pasado año Cursach fue condenado a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. En la actualidad, se encuentra en situación de libertad provisional, tras haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma.

Las actuales previsiones en torno al próximo juicio sobre la pieza principal del caso Cursach se mantienen, pese a las investigaciones en estos momentos en marcha contra, por una parte, el juez Florit, y contra, por otra parte, el juez Penalva y el fiscal Subirán. En función de cómo vayan evolucionando dichas investigaciones en los próximos meses, no cabe descartar que pueda llegar a producirse el archivo de una parte del caso Cursach, o incluso de todo el caso en su integridad, por las supuestas deficiencias habidas a lo largo del proceso de instrucción de esta macrocausa.