Presentan una querella contra el fiscal Anticorrupción Juan Carrau por requisar los móviles a dos periodistas

La ampliación de la querella originaria, que fue interpuesta inicialmente por prevaricación judicial, delito contra la inviolabilidad del domicilio y delito contra el secreto profesional de los periodistas, incluye ahora un cuarto hecho presuntamente delictivo, en concreto, el de interceptación ilegal de comunicaciones. La querella inicial había sido admitida ya a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Tanto «Diario de Mallorca» como Europa Press han denunciado ahora que Carrau habría avalado previamente la incautación de los móviles requisados y que además habría pedido que se accediera a sus mensajes. Por ello, los querellantes consideran al fiscal «inductor de los hechos delictivos relatados». En la ampliación de la querella, los denunciantes sostienen que habría sido Carrau, «con su actuación antijurídica», quien habría promovido la «arbitraria» actuación del juez Florit y la «grosera conculcación» de los derechos fundamentales de los dos profesionales afectados, el periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou.

El juez Florit había ordenado el pasado 11 de diciembre la incautación de material y documentos a Mestre y a Pou, en el marco de una pieza separada del caso Cursach , abierta por presunta revelación de secretos. En dicha pieza se investigan las supuestas filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en relación a esta macrocausa. Con posterioridad, el pasado 4 de enero, Mestre y Pou recuperaron sus respectivos móviles. La devolución de ambos teléfonos había sido decretada poco antes por el propio juez Florit, quien además certificó que los móviles no fueron finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco fueron examinados. A Pou le había sido requisado también en diciembre diverso material informático, que le fue igualmene devuelto. Todos los dispositivos les fueron entregados a Mestre y a Pou debidamente precintados.

Con independencia de la incautación de los móviles a los dos periodistas citados, las supuestas filtraciones periodísticas detectadas motivaron, por otro lado, que agentes de Asuntos Internos iniciasen meses atrás una investigación para intentar averiguar quiénes habrían estado detrás de dichas filtraciones. Las primeras sospechas recayeron sobre el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma , recientemente desmantelado, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. En ese contexto, el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad fueron detenidos el pasado 19 de diciembre por el presunto delito de «descubrimiento y revelación de secretos». Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos, a la espera de comparecer en un futuro ante el juez.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga desde hace seis años la existencia de una presunta trama de corrupción policial, política y empresarial cuyo impulsor sería el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares durante décadas, Tolo Cursach. El primer instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, fue apartado del proceso en marzo del pasado año por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Su sustituto pasó a ser el juez Florit.

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy como caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar una posible trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formaban también parte de dicha supuesta red delictiva el propio Cursach —que poseía negocios en ambos municipios—, antiguos dirigentes políticos locales y funcionarios de distintas administraciones.

Según esa hipótesis, el magnate isleño habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.

La pieza principal de esta causa será dilucidada ya en breve, después de que el pasado mes de diciembre la Fiscalía Anticorrupción presentase su escrito de acusación en relación a dicha pieza. El Ministerio Público pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. Está previsto que se sienten en el banquillo otras 23 personas además del empresario, entre las que se encuentran empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma.

Este será el segundo juicio al que se enfrente el magnate mallorquín. Cabe recordar que en junio del pasado año fue condenado a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. Dicha sentencia no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que se tuvo en cuenta que el empresario había pasado previamente 13 meses en prisión provisional, entre marzo de 2017 y abril de 2018. Cursach quedó en libertad con cargos hace diez meses, situación en la que aún continúa, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma para poder salir de la cárcel.