Trapero reniega de las «barbaridades» del «procés» y defiende a los Mossos

La declaración de Trapero en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional —en el que el mayor se enfrenta a 11 años de cárcel por rebelión— giró en torno a dos ejes: marcar distancias con el Govern separatista y una defensa férrea de la actuación de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 durante el asedio independentista a la Consejería de Economía. Y, sobre todo, el 1 de octubre en el operativo durante el referéndum.

Le habían hecho daño a Trapero aquellas grabaciones filtradas en Cadaquès compartiendo en pantalones cortos paella, guitarra y canciones con Puigdemont y Pilar Rahola, entre otros. Mostraba una afinidad de la que el mayor de los Mossos reniega. Negó ayer en juicio ser amigo de Puigdemont, y aunque el fiscal intentó vincular con el entonces «president» su nombramiento como mayor en abril de 2016, él lo rechazó con contundencia, casi ofendido. Era una figura, la de máximo rango en los Mossos que, pese a estar prevista, no se había cubierto en diez años. Lo propuso, además, el entonces director general de los Mossos, Albert Batlle , que después acabaría dimitiendo por la deriva del Govern secesionista.

Tomó distancia también Trapero con el exconsejero de Interior Joaquim Forn , condenado recientemente en la sentencia del «procés»; y también con su antecesor, Jordi Jané , otro de los que acabaría abandonando el Govern inmediatamente antes de que el ejecutivo de Puigdemont se lanzase por el precipio. Trapero recordó una reunión que en septiembre de 2016 mantuvo con Jané, quien, según el mayor, había intentado librarse de él. Dice el acusado que en aquel encuentro espetó a Jané que se sentía muy incómodo con la deriva que estaba tomando el Govern . El entonces consejero de Interior le preguntó qué harían los Mossos si en algún momento se encontraran con una «doble legalidad» en Cataluña. Y Trapero le respondió que «la doble legalidad no existe», y que los Mossos «estarían con las resoluciones judiciales». También aludió al encuentro en el que un año después reprochó a Forn que tanto él como otros consejeros hicieran declaraciones insinuando que los Mossos garantizarían la celebración del referéndum, «Les dije que no se equivocaran con nosotros», espetó ayer.

El otro nombre del «procés» con el que el fiscal trató de vincularlo es Jordi Sànchez , presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y uno de los líderes secesionistas condenados por el Supremo. Cuando el 20 de septiembre de 2017 hasta 40.000 manifestantes se plantaron ante la Consejería de Economía, que la Guardia Civil registraba por orden de un juzgado de Barcelona —dentro de una investigación por los preparativos del referéndum—, Jordi Sànchez fue el interlocutor de los concentrados con la Policía catalana. Y es que la ANC era quien había convocado la protesta. Por eso Trapero defendió que los responsables policiales estuvieran en contacto con él ; no porque hubiese una connivencia entre los Mossos y quienes asediaban a la comitiva judicial. Sànchez tenía «ascendencia» sobre los manifestantes , defendió Trapero ante el tribunal, por eso convenía mantener esa vía abierta. «Los Mossos apostamos siempre que se puede por la mediación, tenemos esa cultura desde 2013», añadió el mayor. Aquel 20 de septiembre no fue una excepción, dijo.

Por eso hubo decenas de comunicaciones ese día entre el mayor y Sànchez. Pero la última conversación telefónica «acabó mal», según relató Trapero. El líder de la ANC le había llamado «airado» —en palabras de Trapero—, reprochándole la llegada de antidisturbios cuando la situación empezaba a complicarse. Y el mayor, muy enfadado, según aseguró a preguntas de la Fiscalía, le replicó: «¡Tú no me vas a decir cómo tengo que hacer un dispositivo!» . E inmediatamente le colgó el teléfono.

Se afanó Trapero en desmarcarse del Govern. Ya lo había puesto sobre la mesa cuando declaró como testigo en el juicio del Supremo contra los líderes del «procés»: los Mossos tenían un plan para detener a Puigdemont y a sus consejeros si, tras la declaración de independencia, así se lo ordenaban los jueces o la Fiscalía. No se entró en esta cuestión, pero se abordará en el interrogatorio que se reemprenderá este martes. Si no lo hace el fiscal, previsiblemente la abogada de Trapero, Olga Tubau, ahondará en ese plan cuando la que pregunte sea ella. Días antes del juicio, la letrada presentó un escrito al tribunal con detalles de ese operativo que dicen que tenían preparado.

No hubo sorpresas en la declaración de Trapero, que básicamente desarrolló los mismos aspectos que ya adelantó en el Supremo como testigo. Defendió la actuación de los Mossos —a la vez que repitió en varias ocasiones que no puede responsabilizarse de las actuaciones individuales de más de 17.000 agentes— y atribuyó los posibles errores a fallos en la comunicación entre los distintos cuerpos y a la insuficiencia de agentes en la Policía autonómica para hacer frente a situaciones que les «desbordaron». Y el 20-S, dijo, fue un claro ejemplo de esa escasez de personal . Quizá si la Guardia Civil les hubiera informado con antelación de que iban a practicar casi medio centenar de registros se hubieran podido planificar las cosas de otra forma, reprochó al Instituto Armado. No obstante, aseguró que el carácter de la concentración fue «reivindicativo» y redujo la actitud violenta a medio de centenar de personas que, entre otras cosas, lanzaron botellas a mossos que «confundieron con guardias civiles».

Como hizo en el Supremo, Trapero recordó que los binomios de Mossos en los colegios electorales el 1-O formaban parte de un dispositivo más complejo, y que la coordinación dependía del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos . El acusado aseguró que sus subordinados cumplieron en todo momento las resoluciones judiciales, y que si no se cerraron colegios antes del día del referédum fue porque no había una orden judicial que lo indicara. Sí admitió que la respuesta ante los refuerzos que se solicitaron pudo ser lenta, pero insistió en que él no coordinó el 1-O.