Sánchez y Calvo acapara el 47% de los 730 asesores a dedo del Gobierno

La cifra hay que buscarla bien en la última edición del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, un informe de carácter semestral que se difundió en fiestas, vísperas de Reyes, y al que el Gobierno no ha dado mayor propaganda. En él, los 347 aparecen asociados al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de Carmen Calvo, que comparte la sede monclovita y en sí no tiene más de 16 consultores, de modo que los cientos restantes se encuadran en lo que predica un asterisco minúsculo a pie de página, que indica el dato clave de que el inflado «personal eventual» del departamento «Incluye Área de la Presidencia del Gobierno». Por si fuera poco, hay que hacer constar que faltaría sumar entre 39 y 41 asesores más, los del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que se han computado en todas las legislaturas siempre en este paquete, hasta que en 2019 se decidió sacarlos a otro epígrafe. Quizás para no disparar aún más ese número de 347, que se hubiera elevado a 389 cargos de confianza en el complejo de La Moncloa.

Presidencia es pues un área de ínfulas faraónicas. Como lo es la masa total de consultores de que se ha hecho rodear la coalición PSOE-Podemos con sus 23 Ministerios, en los que este documento -que muestra una foto exhaustiva, aunque de julio de 2020- permite descubir que se acumulan 730, 112 más que en 2019, cuando el Ejecutivo era monocolor, cien por cien socialista.

Ese número de 730 es un récord absoluto, un 20% por encima de los 604 asesores que dejaron Mariano Rajoy y sus ministros tras el abrupto fin de su mandato en 2018; los 641 que tenían Jose Luís Rodríguez Zapatero y los suyos en el momento de su marcha o los 455 que se contaban en el tramo final de José María Aznar en 2004.

Pero lo llamativo es que casi la mitad, un 47,5%, de esa cámara de 730 cargos de elección discrecional, cuya característica común es que ninguno es funcionario de carrera del Estado -así lo especifica el Boletín- haya sido escogido para guiar y aconsejar al jefe del Ejecutivo en políticas medulares de país. Seguridad Nacional. Exteriores. Prospectiva y Estrategia a largo plazo. Por cierto, competencias todas estas de Redondo, formalmente titular del «Gabinete de la Presidencia del Gobierno» y artífice del decreto que en enero del año pasado reconfiguró, expandió y amplificó la telaraña de poder de Sánchez. Y la suya propia.

«Lo que han hecho es superpotenciar los gabinetes», explica Jordi Solé, presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) que, a título personal y como ejemplo, lamenta que «no se entiende muy bien para qué el presidente del Gobierno necesita una Oficina Económica si tiene un Ministerio de Economía y otro de Hacienda ... se crea, se sobredota, se potencia, todo con gente de tu confianza, no digo que sean amigos o cajeros. De confianza».

A su juicio, este modo de proceder revela «una muestra de desconfianza hacia tu Administración». A saber: «El personal eventual, ¿qué hace?, ¿para qué sirve?... ¿es un personal que prepara información para los ministros y los altos cargos?, para eso tienen a los funcionarios. ¿Por qué tienen que duplicar personal? ... ¿qué le tiene que explicar un asesor del ministro al ministro sobre cosas de su Ministerio?… para eso tiene toda una estructura». Otra cosa, añade Solá, «es que hagan cosas que tienen que ver con la política, lo que -subraya- queda al margen de la opinión de Fedeca y entra en la de los ciudadanos, porque si un señor ministro necesita una especie de comisario político que le controle el ministerio, como ciudadanos no lo entendemos».

Para el PP, primer partido de la oposición, rodearse de 347 asesores «es no tener los pies en la tierra , no dedicarse a los problemas reales de los españoles con políticas dirigidas a ellos». Lo dice Cuca Gamarra, portavoz de los populares en el Congreso, donde el pasado diciembre registraron una proposición no de ley reclamando que Sánchez destine el dinero que dedica a consejeros a luchar contra la pobreza infantil, precisamente el objeto de otro de los negociados que se integró en la Presidencia del Ejecutivo en esa última reestructuración bajo la forma de un Alto Comisionado con su correspondiente oficina.

Hay que hacer notar que Aznar cerró su etapa con 182 asesores en La Moncloa, Zapatero con 303 y Rajoy con 434, una cantidad muy abultada. Y también engañosa, puesto que es el resultado de la absorción en plena crisis independentista camino del referéndum del 1-0 de 129 consejeros de Hacienda y Función Pública, que fueron a sumarse a los 284 cargos de confianza que había entonces en el complejo, donde el Ministerio de Presidencia pasó a llamarse «y para las Administraciones Públicas».

La factura de la corte sanchista es imposible de calcular. En su petición a la Cámara Alta, el PP indica que en los Presupuestos Generales para este 2021, la partida para el «personal eventual dependiente del Presidente del Gobierno» se ha incrementado en un 114% con respecto al ejercicio anterior. Al margen, cifran en 71 millones de euros el aumento que ha supuesto engordar los ministerios con más asesores y más altos cargos, figura distinta esta última que no se aborda en esta información.

De uno en uno, echar la cuenta de lo que cobra cualquiera de los 730 asesores es un sudoku aún peor. «No son funcionarios, pero para pagarles, de algún modo les encajan en la estructura administrativa, se les equipara», señala Jordi Solé. Así, al sueldo fijo correspondiente al nivel asignado -va del 12 al 30, pero se les suelen aplicar los máximos del escalafón- hay que agregar el complemento específico propio de cada puesto y un «concepto fundamental más, el menos transparente de todos: el de productividad, que no aparece en la Ley de Presupuestos». Y que puede suponer una parte muy importante del sueldo.

De acuerdo con los PGE de este 2021, en el programa «212 Presidencia del Gobierno» están previstos como gastos para el «personal eventual» un total de 15.164.600 euros . Conviene no perder de vista que hay otros 5.316.890 para ser repartidos como «incentivos al rendimiento», esto es, la sospechosa productividad (5,1 millones) y una pequeña parte (142.000 euros) que se reserva para «gratificaciones». Un dispendio sensiblemente por encima de los 4,4 millones que en el último mandato de Rajoy se consagraron a tan espléndido complemento. No obstante, el experto subraya que estas dádivas pueden ir a parar tanto al bolsillo de los asesores, como al de funcionarios, laborales o altos cargos del departamento. A discreción.

Es un extra fantasma , de modo que no consta en retribuciones como las de los 51.946 euros que, fuera de La Moncloa, el Ministerio de Igualdad ha dado a conocer en relación a sus asesoras tras el escándalo que recientemente denunció el presunto empleo de una de ellas, Teresa Árévalo, como niñera de la ministr a Irene Montero y su pareja, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.