Iván Redondo acumula en La Moncloa más estructura sin contrapoder

La red que se expandía por debajo del presidente Rajoy tenía una estructura horizontal, con tres secretarios de Estado por debajo de él: el director de gabinete, el secretario de Estado de Comunicación y la Oficina económica del Presidente. De ellos emanaban el resto de altos cargos y personas que han trabajado en La Moncloa lo definen como una organización en la que existían «contrapoderes» en la asesoría al presidente.

Si se atiende al último decreto que fijaba la estructura de presidencia del Gobierno en tiempos de Mariano Rajoy, del director de gabinete dependían la dirección adjunta del Gabinete y la secretaría general de presidencia del Gobierno. En el decreto publicado la pasada semana, se sitúan debajo de Redondo siete áreas: la dirección adjunta, la secretaría general, el departamento de seguridad nacional, el departamento de asuntos económicos y G20, el departamento de Asuntos Exteriores, el departamento de Unión Europea y la nueva oficina nacional de prospectiva y estrategia de país a largo plazo. De Redondo dependen directamente dos subsecretarios de Estado y cuatro directores generales.

En la nueva Moncloa el predominio de Redondo es incuestionable . Porque además existe un control sobre la comunicación que se ha encajado en el BOE de un modo peculiar, pero que en Moncloa defienden que es simplemente poner sobre el papel lo que ya se daba en la práctica. Habiendo más altos cargos se da la peculiaridad de que hay un secretario de Estado menos. Solo son dos: él mismo como Director del Gabinete y el secretario de Estado de Comunicación. Con la particularidad de que, en la nueva estructura se ha creado un comité de dirección que dirige Redondo y en el que se incluirá el máximo responsable de comunicación. Existiendo en la práctica una relación jerárquica y vertical entre ellos.

Rajoy se despidió de La Moncloa con 9 directores generales dependientes de presidencia del Gobierno. Además de La nueva estructura del presidente Sánchez asciende a 20 directores generales. A los que se añaden los cuatro subsecretarios de Estado y los mencionados dos secretarios de Estado.

Este aumento que se concentra en buena parte en la nueva dimensión de la secretaría de Estado de Comunicación. Todavía con la incógnita de quién estará al frente, fuentes de Moncloa apuntan a una sustitución aunque predomina el hermetismo, la nueva estructura coloca por debajo de Redondo y quien sea el secretario de Estado hasta cinco direcciones generales: información nacional, información internacional, información autonómica, información económica y departamento digital. Rajoy dejó La Moncloa con solo dos direcciones generales dependiendo de la SEC. Lejos de considerarlo excesivo, este incremento se pone en valor en La Moncloa, donde se considera arcaica y poco operativa la estructura que se encontraron hace cerca de dos años.

Entre esta estructura, que permite a Moncloa pilotar la comunicación en todas las áreas, y la nueva dirección general dependiente del secretario general, Félix Bolaños , encargada de la planificación de la agenda gubernamental se consolida la idea de que desde la presidencia del Gobierno se tiene capacidad para pilotar toda la acción gubernamental. Algo que queda patente también al consolidar como direcciones generales, por debajo del director adjunto de gabinete, a estos cuatro departamentos: asuntos nacionales, institucionales, políticos y Análisis y Estudios.

De la horizontalidad a la verticalidad. Algo que queda de manifiesto en las competencias que se atribuyen director del gabinete. En el último Gobierno de Rajoy se trataba de una atribución genérica respecto al asesoramiento al presidente en los asuntos y materias que disponga. En la estructura actual se plantea esa atribución genérica, pero además se detalla que debe «asistir al presidente en los asuntos relacionados con la política nacional, internacional y económica». Además de asesorar al presidente en materia de seguridad nacional.

Esta acumulación de poder ha provocado que el Partido Popular solicite su comparecencia en el Congreso de los Diputados para fiscalizar su labor. Además de registrar una batería de preguntas al Gobierno sobre sus funciones.