Sánchez, obligado a detallar sus viajes privados en vuelos oficiales

El Ministerio de Presidencia, del que dependen los desplazamientos del jefe del Ejecutivo, continúa ocultando cuántas veces ha utilizado Sánchez esos medios públicos tan costosos para desplazamientos estrictamente personales, como los mencionados y otros que, casi tres años después, la opinión pública sigue ignorando.

Por ello, ABC recurrió ya a principios de 2019 a los cauces previstos para solicitar datos sencillos sobre esta cuestión de interés y relevancia para los contribuyentes, más si cabe tras la polémica generada al conocerse que el presidente recurría a costosos aviones del Ejército español como el famoso Falcon o el helicóptero Super Puma, cuya hora de vuelo cuesta más de 5.000 euros.

Este periódico formalizó esa petición, como puede hacer cualquier ciudadano, a través del Portal de Transparencia, el organismo que tramita este tipo de solicitudes de información pública en virtud de la Ley de Transparencia, vigente desde 2013.

Así, ABC requirió al Ministerio de Presidencia información sencilla sobre los medios de transporte aéreo utilizados por Pedro Sánchez «en desplazamientos ajenos a su condición de jefe del Ejecutivo» por nuestro país durante los primeros meses de 2019, concretamente entre el 1 de enero y el 20 de mayo de ese año.

También pedía ABC datos tan básicos como las fechas de esos viajes y el correspondiente informe que acreditara la necesidad de utilizar medios públicos para desplazamientos privados al margen de su condición de presidente del Gobierno y para cuestiones ajenas a su cargo público.

Pero la realidad es que el Ministerio de Presidencia, primero con Carmen Calvo y ahora con Félix Bolaños, lleva ya dos años y medio negando esa información públic a. Y así sigue a pesar de que, hasta por tres veces, distintos órganos administrativos e incluso judiciales han insistido al Gobierno por activa y por pasiva en que debe facilitar esos datos.

Primero fue el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que ya en 2019 aceptó el recurso de ABC tras la primera respuesta de Presidencia, en ese momento bajo la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que denegó dicha información con excusas tan peregrinas como que facilitar esos datos ponía en peligro nada menos que «la seguridad nacional» .

Sin embargo, este órgano independiente, creado en 2014 para obligar a las administraciones públicas a ser más transparentes con la sociedad, rechazó ese primer intento del Gobierno de esconder esa información y el CTBG dio la razón ABC, por lo que instó a Presidencia a facilitar esos datos a este periódico.

El empeño del Gobierno por tapar cualquier detalle de los viajes en los que Sánchez mezcla asuntos privados con medios públicos le llevó entonces a acudir incluso a la vía judicial y, para ello, tampoco dudó en servirse de otro recurso pagado por todos: la Abogacía del Estado.

Sin embargo, como ya le había ocurrido en la vía administrativa con el CTBG, en la judicial Sánchez encajó su segundo fracaso: a finales de 2020, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional volvía a dar la razón a ABC y condenaba al Ministerio de Presidencia no sólo a ofrecer la información solicitada, sino también a pagar las costas del procedimiento judicial iniciado por el Gobierno.

Acostumbrado a utilizar aviones, helicópteros y abogados del Estado para sus viajes privados, parecía obvio que Sánchez no iba a cejar en su empeño de ocultar cualquier detalle de sus viajes privados en el Falcon o el Súper Puma, aunque sólo fuera para ganar tiempo. Y así fue: recurrió por tercera vez, en este caso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la propia Audiencia Nacional (AN), y de nuevo a cuenta de la Abogacía del Estado.

Como en los dos anteriores, Sánchez y su Ministerio de Presidencia han vuelto a fracasar también en este tercer intento : la sala de Audiencia Nacional también ha confirmado que el Gobierno tiene la obligación de facilitar esa información oficial y de interés público que lleva ocultando desde hace dos años y medio.

Así consta, de forma contundente y clara, en la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha del pasado 6 de septiembre, que ratifica lo que ya dijeron el CTBG en 2019 y el juzgado central en 2020. Y, una vez más, impone al Estado las costas económicas de ese tercer recurso fallido.

Esta segunda sentencia de la Audiencia Nacional desmonta, uno por uno y de forma demoledora, los pocos y débiles argumentos del Ministerio de Presidencia en su empeño por ocultar la información solicitada por ABC.

De entrada, el tribunal deja claro que lo solicitado por este periódico ya en 2019 es «información pública» y reafirma «el derecho del solicitante a conocerla», algo que ni siquiera discute la propia Abogacía del Estado, como explica la propia sentencia.

La defensa de Sánchez se escudaba en argumentos tan sorprendentes como que «el Ministerio de Presidencia no dispone de un archivo, base de datos o sistema de información» sobre los vuelos del presidente del Gobierno, pero la Audiencia Nacional le responde que «cuesta entender» que precisamente el departamento que se encarga de ello carezca de una información de la que «debería disponer».

Más clara todavía es la reciente sentencia de la AN sobre otras excusas de la Abogacía del Estado, como que la petición de ABC amenaza la seguridad nacional o que incurre en una de las causas que sí permiten denegar algunas solicitudes cuando provocan más carga de trabajo para la administración.

El tribunal afirma que esos datos «no pueden implicar ningún perjuicio para la seguridad del Estado o la integridad» del propio presidente por tres razones elementales: esos viajes ya se habían realizado, eran «de dominio público dada su cobertura mediática» y, además, afectan a una información que «no es clasificada».

Sobre que esa petición conlleve un aumento considerable de la carga de trabajo en la Administración, la sentencia también aclara que la Abogacía del Estado ni siquiera ha acreditado que así sea y, en todo caso, eso sólo permitiría que Presidencia solicitara más tiempo para recabar y facilitar esa información, pero no denegarla sin más y desde el principio, sobre todo cuando se trata de una «información mínima» relativa a vuelos solo nacionales de «una sola persona y por un periodo corto de tiempo». En conclusión, que el argumento de la burocracia tampoco es válido.

La Sala de la Audiencia Nacional insiste así en que la solicitud de ABC «ha sido correcta y la información debe ser facilitada por no ser excesiva» . De hecho, recuerda que en otros casos sí se ha informado sobre particulares que iban acompañando a otras autoridades en vuelos oficiales, por lo que «con más motivo» hay que hacerlo con el primero de los representantes públicos, como es el presidente del Gobierno.

Sánchez tiene todavía una última posibilidad –ya sería la cuarta– para seguir prolongando su estrategia de tapar este asunto presentando un recurso de casación ante la misma Sala de la Audiencia Nacional que resolvería después el Tribunal Supremo, lo que le permitiría estirar la coartada unos meses más mientras sigue viajando en aviones y helicópteros del Ejército y usando abogados del Estado para no dar ningún detalle.