La renuncia de Iglesias le deja sin aforamiento frente al horizonte judicial de Podemos

La principal espada de Damocles sobre Iglesias se llama Dina. Es el nombre de pila de la que fue su asesora, Dina Bousselham, y también el de la pieza separada número 10 de la macrocausa sobre Villarejo que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde las cartas llevan tiempo sobre la mesa.

El juez Manuel García Castellón aprecia indicios de que pudo cometer un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos, además de un tercero de denuncia falsa, en todo lo que rodeó la tarjeta del móvil que le robaron a ella, que acabó copiada entre los archivos del comisario y que en paralelo, pasó por sus manos. Se la devolvió al cabo de varios meses y según ella declaró reiteradamente antes de matizarse, para entonces ya no funcionaba.

De todo ello dio cuenta el juez a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que rechazó la exposición razonada por la que pedía su imputación y le pidió que practicase más diligencias para apuntalar esos indicios , sobre todo a la hora de esclarecer si el daño a la tarjeta fue o no intencionado, y lo volviese a pedir si después de hacerlo, seguía pensando que había que imputarle.

Es en esa fase en la que está ahora la causa. El juez acordó, en línea con el Supremo, entregar de nuevo la tarjeta de Bousselham a las fuerzas policiales, que tienen venia para practicar un análisis exahustivo que acabará con su destrucción y que busca esclarecer cuándo, cómo y por qué esa tarjeta dejó de funcionar. No es tarea sencilla. En cualquier caso, al informe aún le quedan varias semanas para ver la luz.

Cuando llegue ese informe, será el momento de dar el siguiente paso, que siguiendo lo pautado por el Supremo sería llamar a Bousselham y que exponga sin ambages qué quiere hacer al respecto: acusar o perdonar la revelación de secretos.

El daño informático, si se acredita que fue deliberado, puede perseguirse de oficio. La cuestión es que en este punto, el juez ya no tiene que volver a llamar a la puerta de la Sala Segunda del Supremo: podría citar a Iglesias como investigado, cosa que no se descarta en absoluto, según las fuentes consultadas por ABC.

Sin embargo, no es el único asunto que toca a Podemos en los tribunales. El nombre de Pablo Iglesias no ha sonado en el conocido como caso Neurona, sobre la contratación con dinero electoral de una consultora homónima y por la que el partido está investigado por un presunto delito electoral y/o de financiación irregular. La clave es que de esa causa han nacido otras tres y dos, al menos a priori, le podrían salpicar.

La primera está en el juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, adonde recayó la denuncia de la exabogada de Podemos Mónica Carmona en relación a algo más de 7.700 euros en costas judiciales que según afirmó, se podría haber quedado Pablo Iglesias tras ganar un juicio aunque su defensa y los gastos derivados de la misma, los había asumido Podemos.

La segunda se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid y es la relativa al presunto uso de una empleada de Podemos como niñera de la primera hija que Iglesias tuvo con la ahora ministra de Igualdad, Irene Montero. El juez ha abierto causa por un presunto delito de administración desleal y al aún líder de Podemos no se le menciona en el auto. Él era secretario General del partido donde esa empleada, Teresa Arévalo, trabajaba; y vicepresidente del Gobierno donde Montero la nombró jefa de gabinete adjunta en su ministerio.

Pero no todo son problemas. Tal y como informó ayer ABC, a Iglesias la renuncia le supone que podrá seguir cobrando la indemnización de 5.316,42 euros mensuales que recibe desde que abandonó el Gobierno de Pedro Sánchez y que le corresponde por ley: un 80% del sueldo recibido durante el tiempo que ejerciese el cargo y mientras no acceda a ningún otro cargo público o privado . Le quedan unos 13 meses de cobertura.

Además, mientras así lo desee, mantendrá su escolta, que desempeñan policías nacionales y que corresponde a los expresidentes, exvicepresidentes y exministros del Interior que no renuncien a ella.