De acuerdo a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los miembros del Gobierno tienen derecho a una indemnización tras abandonarlo que consiste en un 80 por ciento del sueldo recibido durante el mismo tiempo que se ejerciera el puesto, pero con un límite de dos años. Iglesias fue vicepresidente segundo durante 14 meses y medio y abandonó el Ejecutivo hace mes y medio, por lo que todavía le quedarían, aproximadamente, 13 meses de cobertura económica.
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Esta remuneración, no obstante, es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo, tanto público como privado. Por lo tanto, dejaría de recibirla al convertirse en diputado de la Asamblea de Madrid, una circunstancia que ha quedado descartada tras el anuncio de este martes.
Lo más llamativo de este caso es que el secretario general de Podemos incumple su propio código ético al solicitar y recibir esta indemnización. El artículo 12 de dicho documento señala que los cargos públicos del partido no percibirán «ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo».
Como ya adelantó ABC la pasada semana, Iglesias llevaba preparando este movimiento desde hace tiempo: pretende dedicarse a un mismo objetivo, cambiar la sociedad española, pero desde otro lugar, «el periodismo crítico». Para ello, ha estado en contacto con Jaume Roures , fundador de Mediapro.
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