Los puntos oscuros de la gestión del Gobierno con el coronavirus que detalla la Guardia Civil

- Conocimiento de la gravedad de la pandemia desde enero

De la información aportada al procedimiento -personación de la Guardia Civil mediante- por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), la Guardia Civil deduce que el Ejecutivo tenía conocimiento «desde mediados de enero» de la gravedad de la pandemia por coronavirus.

- La difusión de la información

El atestado cuestiona por qué la alerta europea sobre el avance del Covid-19 y la recomendación de distanciamiento social que llegó al CCAES el 2 de marzo, -cuya existencia fue la piedra angular de la denuncia por prevaricación que desencadenó este procedimiento- no fue reenviada a comunidades autónomas y organismos. El centro que dirige Fernando Simón explicó a los agentes que el documento se difundió en su página web, es decir, ya era público.

- Pueden faltar datos

La Guardia Civil apunta que de la información aportada por el CCAES «se deduce que podrían faltar documentos» porque en los correos electrónicos hay direcciones en copia de las que no se les han facilitado los mensajes, algo clave para esclarecer si hubo algún aviso directo a la Delegación del Gobierno, objeto de la investigación judicial.

- La Delegación del Gobierno tenía que saber

La Guardia Civil acota el conocimiento de la Delegación del Gobierno en Madrid en una doble vía. Por un lado, porque «de manera proactiva por las competencias que le son propias ha tenido la posibilidad de acceder a todos los documentos e informes emitidos por el Ministerio de Sanidad a través de su página web y por la información recibida por la Unidad de Coordinación», es decir, el conocimiento del ejecutivo «revierte» en su dependencia madrileña.

Por otro lado, porque las dos responsables del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno apuntan que «ya en enero» recibieron del Ministerio «protocolos específicos e informaciones de distinto orden» relacionados con la pandemia así como «una videoconferencia para tratar distintos aspectos relacionados con el virus».

Destaca que «en febrero de 2020 se distribuye de manera masiva por correo electrónico un protocolo emitido por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales» en la Delegación del Gobierno con «medidas de higiene y distanciamiento social».

- Se autorizaron 130 manifestaciones

Uno de los pilares de los dos informes de la Guardia Civil es la testifical recogida a promotores y organizadores de parte de las manifestaciones que se convocaron en la primera quincena de marzo en Madrid y que sobre la marcha, cancelaron el evento. En total, constan autorizadas 130 concentraciones en esas fechas, incluida la marcha feminista del Día de la Mujer.

- Disuasión telefónica

Algunos de los organizadores de esos eventos dijeron a la Guardia Civil que decidieron cancelarlos porque recibieron llamadas telefónicas de funcionarios de la Delegación del Gobierno advirtiendo de los riesgos sanitarios, si bien formalmente, no se les prohibía seguir adelante. «Las llamadas no quedaron inscritas en el aplicativo» (la base informática con la que trabajan), dice el informe.

Una de las trabajadoras del departamento de Seguridad Ciudadana ha reconocido «efectuar llamadas telefónicas a los convocantes de reuniones pendientes de celebración con la finalidad de sugerir a los mismos que las suspendieran dada la emergencia sanitaria y los riesgos asociados al Covid-19».

Afirma que fue su jefe, el responsable del área, quien le pidió que lo hiciera, que en las llamadas «se instó a los convocantes a que fueran ellos quienes enviasen un escrito desconvocando las reuniones ya que desde la Delegación no se les podía obligar a suspenderlas» y que «con anterioridad no se habían realizado llamadas en este sentido».

- El procedimiento judicial, contra José Manuel Franco

Varios de estos testigos, entre convocantes de manifestaciones y trabajadores de la Delegación del Gobierno han sido convocados por la juez Carmen Rodríguez-Medel el próximo 11 de marzo. Un día antes, escuchará al propio Delegado, José Manuel Franco, imputado por un presunto delito de prevaricación.

La causa se abrió a finales del mes de marzo y desde entonces, constan al menos dos intentos de ampliar las actuaciones también a Fernando Simón. Sin embargo, la juez ha rechazado este extremo, instado por asociaciones y particulares que quieren ejercer la acusación, y ha reiterado que su causa se dirige exclusivamente contra Franco y es en relación a si hubo o no un obrar a sabiendas y por razones espúreas en la autorización de esas manifestaciones.

La instructora recordaba en una providencia al respecto que Simón ya estaba siendo investigado en dos juzgados de Madrid por su propia gestión de la pandemia. Ambas han sido ya archivadas.