El Gobierno conocía desde enero «la gravedad» del Covid-19

El atestado, de 295 páginas entre análisis y anexos, amplía el ya presentado a finales de mayo, cuando la Guardia Civil analizó el centenar de concentraciones autorizadas en Madrid durante la primera quincena de mayo y apuntaba, mediante declaraciones testificales, que concentraciones autorizadas fueron suspendidas por iniciativa de sus promotores después de que recibieran llamadas disuasorias de la Delegación del Gobierno alertando de los riesgos sanitarios. De aquellas llamadas, como decía el informe, no quedó registro alguno. Varios de esos testigos han sido llamados por la juez a a declarar la semana que viene.

Ahora, añade entrevistas con trabajadores de la Delegación del Gobierno y con más promotores de concentraciones , incluida una que fue autorizada el 12 de marzo y que se iba a celebrar el día 19, e incorpora la documentación que la juez requirió al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que preside Fernando Simón el pasado 16 de abril. Los agentes la recabaron personándose en sus dependencias más de un mes después porque este organismo no acababa de aportarla.

Se trata de una batería de correos electrónicos y disposiciones informativas de las que la Guardia Civil extrae la conclusión de que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia desde mediados del mes de enero, pues se iba realizando seguimiento de la situación a nivel nacional e internacional. Apunta que la Delegación del Gobierno, objeto de la investigación, también debía estar al tanto, dado que «tuvieron acceso» a cuanta documentación al respecto divulgó el Ministerio de Sanidad en esas fechas. No obstante, acota su conocimiento a «mediados de febrero», porque una de las trabajadoras interrogadas refirió una reunión celebrada en esas fechas entre los responsables de riesgos laborales del organismo en la que se abordaron «temas relacionados con el Covid-19, que incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros a implementar». Otra de las trabajadoras, responsable del área de Sanidad, apuntó que ya desde diciembre, conocía de los protocolos de prevención en las fronteras. Ambas han sido citadas por la juez como testigos.

Con todo, la Guardia Civil plantea que «de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos» dado que en esos correos electrónicos aparecen direcciones en copia, incluida la del propio Simón, de las que no se han aportado los mensajes. Es relevante este aspecto dado que los agentes están investigando si hubo aviso expreso del Gobierno a la delegación sobre los riesgos de la pandemia . En el Ccaes aseguran que desde este organismo «no se ha efectuado envío de documentación alguna» al departamento que dirige Franco sobre la crisis sanitaria del coronavirus.

La Guardia Civil cuestiona, en este sentido, que Simón no diese difusión a la alerta europea que había recibido España el día 2 de marzo sobre el tema. Es la existencia de esa notificación la que desencadenó la denuncia por presunta prevaricación que ha dado origen a todo este procedimiento. Los agentes que firman el informe inciden en que la comunicación del centro europeo fue tenida en cuenta, pues suscitó entre los técnicos un debate en torno a la necesidad de intensificar la vigilancia en algunas comunidades autónomas, «entre ellas, Madrid».

El informe repasa todos estos datos en conexión con la información pública que iba facilitando el Gobierno, ya fuese mediante notas de prensa oficiales, ya fuese vía declaraciones públicas de sus representantes. En este sentido, destaca la incorporación de los comentarios de la ministra de Igualdad, Irene Montero , captados por un micro abierto el 9 de marzo, en los que relacionaba la afluencia a la concentración feminista con el «pánico» a la pandemia. ABC reveló ese comentario el 1 de junio , misma fecha en que la Guardia Civil entregó el atestado en el juzgado.