Puigdemont y Forcadell se enfrentarán a seis años de prisión por malversación al convocar el referéndum

El Ministerio Público, además de por desobediencia y prevaricación, acusa a los miembros de la Generalitat y de la Mesa de cometer un delito de malversación de caudales públicos, un crimen que castiga con entre dos y seis años de prisión a aquellas autoridades o funcionarios que administren de forma desleal el dinero público.

Aunque la consulta ilegal no se ha celebrado aún, la Fiscalía argumenta que la malversación ya «ha iniciado su ejecución, pues se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público, orientado a actuaciones delictivas ajenas a la función pública». El Ministerio Público considera que las medidas ordenadas por la Generalitat «ya están implicando» un gasto público dirigido a «un acto delictivo» : la preparación y celebración de la consulta del 1 de octubre. La Fiscalía añade que, incluso aunque aún no se haya dispuesto de dinero público, este delito castiga también las fases previas de «provocación, conspiración y proposición». «Con su actuación el Govern está disponiendo de fondos para llevar a cabo su plan secesionista», concluye el escrito.

Esta atribución podría marcar un giro cualitativo con el caso de Artur Mas y sus antiguos consejeros Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs , quienes fueron condenados a inhabilitación para empleo público al ser castigados solo por desobediencia, un delito que no admite penas de prisión.

La inclusión de la malversación cobra más relevancia, si cabe, porque el Tribunal Supremo sugirió –en su sentencia sobre Homs– que podría haber condenado por dicho delito al antiguo diputado de Convergència si llega a estar puesto sobre la mesa del tribunal en el juicio. Ese desenlace no fue posible porque la Fiscalía retiró su acusación por este crimen durante la investigación. El Ministerio Público argumentó que la partida presupuestaria destinada a la consulta ilegal del 9-N fue aprobada antes de que el TC prohibiera el evento con una providencia.

La vista oral para Puigdemont y su equipo podría tardar en llegar entre dos y tres años, al encontrarnos en el inicio de la investigación, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitiera ayer a trámite las querellas, solo horas después de su presentación. Este órgano judicial es el competente para investigarle a los querellados por estar aforados.

El incumplimiento de los mandatos del TC también supone de forma simultánea, según la Fiscalía, los delitos de desobediencia y prevaricación.

Los querellados «se han negado abiertamente a dar el debido cumplimiento» a las resoluciones del Tribunal Constitucional, que instó a los gobernantes catalanes a dejar de impulsar la consulta ilegal al menos desde el 2 de diciembre de 2015 . Aquel día el tribunal garante de la Constitución anuló la declaración de ruptura proclamada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015 por inconstitucional.

La querella concluye que «la manifiesta inconstitucionalidad» del decreto de convocatoria del referéndum «no podía ser en absoluta desconocida» por los gobernantes regionales, que ignoraron incluso el aviso del letrado mayor del Parlament, Xavier Muro . La prevaricación existiría porque los querellados han dictado acuerdos «claramente contrarios al ordenamiento jurídico».

Para atar las manos de los querellados durante la investigación, la Fiscalía pide, entre otras medidas cautelares, que se ordene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impedir «la promoción, organización y celebración» del referéndum ilegal, debiendo requisar las urnas, sobres, papeletas y cualquier otro material. También solicita el cierre de las páginas web que están impulsando la celebración del referéndum, y prohíbe a los medios catalanes insertar propaganda sobre el 1-0. Para asegurar una hipotética indemnización, el Ministerio Público pide al TSJC que fije una fianza –sin concretar– o embargue bienes de los querellados.