El Tribunal de Cuentas cita a Artur Mas y otros 10 altos cargos para comunicarles la factura del 9-N

El Tribunal de Cuentas, en una providencia dictada este martes 5 de septiembre y a la que ha tenido acceso ABC, también cita al representante legal de la Generalitat, así como a los denunciantes, las asociaciones Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución .

A Mas, Ortega -su vicepresidenta-, Homs -consejero de la Presidencia- y Rigau -consejera de Enseñanza durante la consulta- se les suman Jordi Vilajoana , secretario general del la Presidencia con Artur Mas y exvicepresidnete segundo del Congreso de los Diputados; LLuis Bertrán , subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat; Josefina Valls , directora de Servicios; Carolina Pardo , interventora de la Generalitat; Jaume Domingo , exdiputado en el Parlament y director del Diario Oficial de la Generalitat; Ignasi Genovés , director general de Difusión; y Jordi Serra , alto cargo del Govern.

La denuncia ponía de manifiesto «la existencia de ciertas salidas de fondos de la Generalitat para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana llevado a cabo el 9 de noviembre de 2014» . Al margen de la vía penal, que ya supuso la inhabilitación para el ejercicio de cargo público del expresidente de la Generalitat, de Homs, de Rigau y de Ortega, la acción del Tribunal de Cuentas se ocupa de las responsabilidades contables de funcionarios, administraciones y empresas públicas.

El órgano fiscalizador puede obligarles a devolver a la Generalitat el dinero distraído para la consulta ilegal. En caso de ser condenados podrían tendrían que restituir de forma solidaria la cantidad que el Tribunal de Cuentas fije, con esos cinco millones de euros que reflejaron los denunciantes como baremo orientativo. Si alguno de los condenados se declarara insolvente, los demás tendrían que asumir su parte.

Esta posibilidad de responder con el patrimonio propio preocupa especialmente a políticos y funcionarios catalanes. De hecho, varios consejeros que salieron de la Generalitat en la última crisis de gobierno habían manifestado su inquietud ante la posibilidad de tener que pagar la factura de la consulta. El exconsejero de Empresa Jordi Baiget fue fulminado cuando en una entrevista en «El Punt» expresó sus temores por las consecuencias del proceso. «¿Ir a prisión? Lo aguantaría. Pero no que vayan contra mi patrimonio», dijo. El cese de Baiget, informa Alex Gubern , precipitó una crisis de gobierno en forma de depuración que acabó con la salida de otros tres consejeros, del director de los Mossos y del servicio 112.

En esta misma línea, los independentistas están estudiando detenidamente la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O que, pese a estar a la vuelta de la esquina, no ha sido oficialmente convocado.

El pasado mes de julio, la sección II de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas solicitó el nombramiento de un delegado instructor para determinar si los cuatro políticos ya condenados por el 9-N debían afrontar también la restitución de los 5,12 millones de euros por los gastos derivados de la consulta. Pese a las vacaciones de agosto, el instructor ha tenido tiempo de estudiar la demanda, ver que tiene base jurídica y citar a los posibles responsables contables.

Tras la citación del 25 de septiembre, Mas y sus adláteres tendrán que depositar la cantidad solicitada en forma de fianza, ya sea en dinero -a través de un depósito bancario- o en propiedades inmobiliarias.

El Tribunal de Cuentas, que desestimó el recurso de la Generalitat, emitió un auto el 19 de julio con el que abrió el procedimiento para reclamar el dinero a los denunciados, tras identificar «de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generados de responsabilidad contable».

Los pagos identificados son 14.837 euros para la construcción y publicación de una página web institucional; 70.532 euros para transporte y material para la votación; 2,8 millones para la adquisición de ordenadores portátiles; 828.735 euros para publicidad institucional; 1,4 millones para la póliza de seguros para los voluntarios; 1,1 millones para labores de apoyo informático; y 307.962 euros para el envío de información. En total 5,12 millones que deberían afrontar a partes iguales los investigados.

En principio los denunciados fueron los cuatro líderes políticos, pero SCC y Abogados Catalanes por la Constitución presentaron un escrito ante el Tribunal de Cuentas ampliando la denuncia para aclarar el grado de implicación de los interventores.