El secesionismo recibirá la factura del 9-N seis días antes del referéndum ilegal

El tribunal cita a Artur Mas ; a su vicepresidenta en el momento de los hechos en cuestión, Joana Ortega; a Francesc Homs, consejero de Presidencia; y a Irene Rigau, la que fuera consejera de Educación. Pero el instructor de la causa no se ha quedado en la cúpula política, sino que ha incluido a una segunda fila de políticos y altos cargos del funcionariado que hicieron posible el 9-N. Se trata de Jordi Vilajoana, secretario general de la Presidencia de Mas y exvicepresidente segundo del Congreso; Lluís Bertran, subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat; Josefina Valls, directora de Servicios; Carolina Pardo, interventora de la Generalitat; Jaume Domingo, exdiputado en el Parlament y director del Diario Oficial de la Generalitat, que publicó la convocatoria ilegal; Ignasi Genovés, director general de Difusión; y Jordi Serra, alto cargo del Govern.

La providencia del Tribunal de Cuentas también cita al representante legal de la Generalitat y a los denunciantes , Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución.

La providencia menciona «la existencia de ciertas salidas de fondos de la Generalitat para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana llevado a cabo el 9 de noviembre de 2014». Al margen de la vía penal, que ya supuso la inhabilitación para el ejercicio de cargo público del expresidente de la Generalitat, de Homs, de Rigau y de Ortega, el Tribunal de Cuentas puede obligarles a devolver a la Generalitat el dinero distraído para la consulta ilegal. En caso de ser condenados tendrían que restituir los fondos de forma solidaria , con esos 5,12 millones de euros que reflejaron los denunciantes como baremo orientativo (saldrían a 465.000 euros cada uno). Si alguno de los condenados se declarara insolvente, los demás tendrían que asumir su parte. El Tribunal les exigirá el importe en forma de fianza, con un depósito en metálico o con propiedades inmobiliarias.

Esta posibilidad de responder con el patrimonio propio preocupa especialmente a políticos y funcionarios catalanes . El exconsejero de Empresa Jordi Baiget fue fulminado en julio, tras decir en una entrevista que «aguantaría» ir a prisión, «pero no que vayan contra mi patrimonio». El cese precipitó una crisis que acabó con la salida de otros tres consejeros, del director de los Mossos y el del servicio 112. Ahora los independentistas estudian detenidamente la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O que, pese a estar a la vuelta de la esquina, no ha sido oficialmente convocado.

El pasado mes de julio, la sección II de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas solicitó el nombramiento de un delegado instructor para determinar si los cuatro políticos ya condenados por el 9-N debían afrontar también la restitución de los gastos de la consulta . Fuentes del tribunal aseguran a ABC que la fecha no ha sido «elegida», sino que se trata de una citación que ha seguido «los plazos habituales». Pese a esto, es imposible analizar los acontecimientos sin relacionarlos con el 1-O.

El Tribunal de Cuentas, que desestimó el recurso de la Generalitat, emitió un auto el 19 de julio con el que abrió el procedimiento para reclamar el dinero a los denunciados. Los pagos identificados son 14.837 euros para la construcción y publicación de una página web institucional; 70.532 euros para transporte y material para la votación; 2,8 millones para la adquisición de ordenadores portátiles; 828.735 euros para publicidad institucional; 1,4 millones para la póliza de seguros para los voluntarios; 1,1 millones para labores de apoyo informático; y 307.962 euros para el envío de información.