El Poder Judicial autoriza el traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional

La decisión ha sido adoptada por tres votos a dos por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que sin embargo no ha accedido, tras estudiar los informes que había solicitado, a declarar a Garzón en situación de servicios especiales, ya que considera que esta condición es incompatible con su suspensión cautelar, acordada el pasado viernes por el pleno del Consejo. El magistrado fue suspendido ante la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 348 que "los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones" y la comisión ha entendido que no se puede estar en dos de ellas a la vez.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que ha informado a los medios de la resolución adoptada por la Comisión Permanente, ha eludido responder a la pregunta de si la marcha de Garzón a La Haya, una vez denegada la situación de servicios especiales, implicará la pérdida de su destino en la Audiencia Nacional. Bravo se ha limitado a leer el acuerdo de la comisión, que señala que "de conformidad" con el informe del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez -partidario de dejar marchar a Garzón a La Haya, pero no en situación de servicios especiales-, se le autoriza a trabajar en la CPI como consultor externo de la Fiscalía.

El acuerdo dispone textualmente "participar" a Garzón, así como a la Fiscalía de la CPI, "que desde el punto de vista orgánico no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio» en la Corte Penal Internacional por lo que «la Comisión Permanente permite tal contratación».

Además del informe del secretario general del CGPJ, la Comisión Permanente tenía sobre la mesa otros cuatro escritos, en los que la propia Fiscalía de la CPI, la Fiscalía General del Estado, la sala de lo penal del Supremo -encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Exteriores se muestran favorables al traslado.

El acuerdo de la comisión cuenta con los votos particulares de la vocal progresista Almudena Lastra -que entiende que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal y como éste había solicitado- y del conservador Antonio Dorado, que sostiene que, habiendo rechazado declararle en servicios especiales, la comisión no debía haberse pronunciado hasta que el propio Garzón hiciera una nueva solicitud.

El juez solicitó la autorización del CGPJ para trabajar en la CPI el pasado día 11, después de que el fiscal jefe de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo, le ofreciera un puesto de consultor externo por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos. Garzón trabajaría en la ciudad holandesa de La Haya, aunque Moreno Ocampo le ha comunicado que eventualmente podría desplazarse a lugares como Congo, Uganda o Colombia, donde la CPI tiene investigaciones abiertas.