El Tribunal Constitucional aún no ha admitido el recurso contra los acatamientos del 28-A

Los recursos que estos partidos formalicen, en su caso, ante el TC, tendrán el mismo objeto que los que ya fueron registrados en julio en el órgano de garantías y que no han pasado todavía el filtro de la admisión, imprescindible para poder entrar en el fondo de la cuestión. PP y Cs ya denunciaron entonces que fórmulas como las utilizadas por algunos diputados de ERC y de Junts per Catalunya -que aludieron a la «República catalana», a «presos políticos» y al «mandato del 1 de octubre»- eran «dudosamente compatibles» con la propia Constitución española.

En esta ocasión ha vuelto a pasar lo mismo, y junto a acatamientos de lo más variopintos -aludiendo al «planeta», a las «trece rosas» o a «un país en el que el amor gane al odio»-, los independentistas volvieron a mentar el referéndum del 1-O, prohibido por el TC y que ha llevado a sus promotores a la cárcel por sedición.

Los diputados que defienden la libertad en las fórmulas de juramento se apoyan en una sentencia del TC de 1991 que dio la razón a tres senadores de HB que acataron «por imperativo legal». El tribunal consideró que lo esencial es que el acatamiento de la Carta Magna sea «incondicional y pleno» y «no entraña una prohibición de representar o perseguir ideales políticos diversos de los encarnados por la Constitución».

«En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica, que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político, que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata», sostuvo el tribunal, presidido por Tomás y Valiente.

Ahora bien, el órgano dejó claro que ese acatamiento debe respetar «las reglas del juego político democrático y el orden jurídico existente y no intentar su transformación por medios ilegales». La formulación, según el TC, « no puede desnaturalizar o vaciar de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas que supongan un fraude a la ley o lo priven de sentido». Treinta años después la pelota vuelve a estar en el tejado del Constitucional.