Moncloa trampeó durante la tramitación de la ley de Seguridad Nacional para reducir la crítica

El Gobierno mantuvo varado el proyecto seis meses, desde el 22 de junio, para declararlo urgente en plenas Navidades, el 28 de diciembre. Tras esta maniobra, Moncloa declaró que no procedía someterlo a consulta pública previa –el primer cauce de participación ciudadana– y que el trámite de audiencia e información públicas –segundo cauce de participación– quedaba reducido a siete días hábiles y en medio de las fiestas: desde el 29 de diciembre al 8 de enero.

Ese mismo 29 de diciembre, el Gobierno intentó zanjar la consulta a las comunidades con una reunión de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional en la que consideró que el texto quedó «visto» por los representantes autonómicos. Pero, como advierte el Consejo de Estado, esta condición no es suficiente «para el correcto cumplimiento» del trámite, ya que es necesario que el acta de esa reunión figure en el expediente y sea conocida por todos los órganos que deban pronunciarse sobre su legalidad .

El Gobierno se saltó este paso y no remitió ese documento al Consejo de Estado, que dictaminó advirtiendo desconocer «cuál ha sido la posición adoptada por las comunidades autónomas». Curiosamente, en la citada reunión todas las autonomías del PP habían rechazado el punto más crítico del texto : que los ciudadanos puedan ser forzados a realizar prestaciones personales sin indemnización en caso de crisis. El Gobierno tampoco remitió al Consejo de Estado las cerca de 4.000 alegaciones formuladas contra el proyecto por ciudadanos y asociaciones, el grueso de ellas alegando la inconstitucionalidad del mismo punto.

Estas no fueron las únicas zancadillas que Moncloa puso al Consejo de Estado, al que el ministro de la Presidencia y responsable del proyecto, Félix Bolaños , solo concedió seis días hábiles para que emitiera su dictamen. Una maniobra que el organismo critica con dureza reprochando que esa urgencia no era «el resultado de hechos o circunstancias sobrevenidas» que el Gobierno no hubiera podido prever o evitar. De hecho, a preguntas de este diario, Moncloa se niega a explicar en qué razones se basó esa declaración de urgencia, que no ha solicitado, sin embargo, para la tramitación parlamentaria. El plazo habitual para que el Consejo de Estado emita dictamen es de dos meses y de quince días en caso de urgencia.

El escaso margen concedido a los ciudadanos para que participaran y al Consejo de Estado para que dictaminara no se aplicó a los ministerios, a los que Moncloa concedió catorce días hábiles para que opinaran sobre el proyecto –del 29 de diciembre al 18 de enero–. Un truco que no respeta la Ley del Gobierno, donde se recoge que el plazo que deben tener los órganos autónomos para informar debe ser superior al de aquellos jerárquicamente dependientes del consultante.

«La declaración de urgencia no hace desaparecer esta distinción», carga el Consejo de Estado, subrayando, además, que los ministerios emitieron sus informes contando con plazos que superan al de urgencia. Por ello, el Consejo de Estado advierte al Gobierno de que todos estas cuestiones «no son irrelevantes» desde el punto de vista del ejercicio de las funciones que le atribuye la Constitución. «Para que el dictamen tenga el crédito que merece», advierte, «debe emitirse en condicionesque le permitan ejercer debidamente su función de velar por la observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico», añade. Algo que no parece que haya sucedido en este caso.