Las mayores fianzas impuestas a políticos por casos de corrupción desde 2000

Esta es la relación de fianzas más altas impuestas a políticos implicados en casos de corrupción de España democrática, para eludir la cárcel:

La fianza más alta impuesta a políticos implicados en casos de corrupción ha sido de tres millones de euros, exigida el 30 de marzo de 2010 a Jaume Matas , ex presidente de Baleares, implicado en el caso Palma Arena, que la abonó el 7 de abril. El juez instructor, José Castro , le imputó doce delitos de corrupción durante su último mandato en el archipiélago (2003-2007).

Esta misma cantidad se le impuso el 23 de abril de 2008 a Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella , vinculado a Jesús Gil , aunque no era cargo electo. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz , lo implicó en el caso Saqueo I, relacionado con la corrupción en el ayuntamiento marbellí . Roca nunca abonó esta cantidad para eludir la cárcel, ya que estaba en prisión por otros delitos de corrupción.

En la Operación Pretoria, contra la corrupción urbanística en Barcelona , ordenada por el Juez Garzón en octubre de 2009, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta , ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, salieron en libertad el 7 y 8 de diciembre tras pagar una fianza de un millón de euros cada uno. El 19 de febrero de 2010 la Audiencia Nacional redujo la fianza a 200.000 euros.

El ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz , debió abonar una fianza de 500.000 euros. Además el juez dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco .

El 12 de abril de 2010 salió de prisión el ex diputado del PSC, Luis García Saez , presunto "cerebro" de la trama, tras pagar una fianza de 500.000 euros, impuesta por el juez Garzón el 1 de abril.

En el caso Cienpozuelos, por presunto blanqueo de dinero en Andorra, el entonces alcalde de esta localidad madrileña, Pedro Torrejón abonó 900.000 euros de fianza para salir de la cárcel el 14 de diciembre de 2006, donde permanecía desde noviembre.

También le fue impuesta la misma fianza al ex alcalde de la misma localidad, Joaquín Tejeiro , ambos del PSOE.

En el caso Saqueo I, el juez instructor, Juan del Olmo , impuso en abril de 2002 una fianza de 7000.000 euros a Jesús Gil , entonces alcalde de Marbella para eludir la cárcel. Esta misma medida fue adoptada para otras siete personas relacionadas con el ayuntamiento, entre ellas, el entonces gerente de urbanismo Juan Antonio Roca.

El caso Son Oms (Mallorca), relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa, afectó al ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens y al ex secretario general de Unión Mallorquina (IU) Damià Nicolau, dentro de una pieza separada del caso.

El 23 de diciembre, Vicens eludió la cárcel tras abonar dos fianzas por un total de 200.000 euros, por esta pieza y por otra separada dentro del mismo caso, denominada "Maquillaje".

El caso Malaya, uno de los de mayor repercusión mediática, sobre corrupción en el ayuntamiento de Marbella, ha tenido como principal inculpado a Juan Antonio Roca , ex asesor de urbanismo del ayuntamiento, para el que la Audiencia Provincial de Málaga dejó sin efecto el 20 de mayo de 2008 la fianza de un millón de euros, impuesta por el instructor.

El político que debió pagar una fianza más alta en este caso fue Pedro Román , ex primer teniente de alcalde de este municipio, 200.000 euros, por lo que salió el 8 de enero de 2008, aunque antes, el 11 de octubre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga había fijado una fianza de un millón de euros para su excarcelación.

El 13 de septiembre de 2006 el juez decretó libertad bajo fianza de 60.000 euros para la ex alcaldesa Marisol Yagüe , y los ex ediles Isabel García Marcos y Victoriano Rodríguez .

En el caso Ballena Blanca, Pedro Tirado , alcalde de Manilva (Málaga), abonó 250.000 euros y salió en libertad el 21 de de diciembre de 2005, por su presunta vinculación con una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

En el caso Andratx, la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, han estado implicados diversos políticos.

El 23 de diciembre de 2008 Jaume Massot , director general de Ordenación del Territorio, salió de prisión tras satisfacer una fianza de 200.000 euros. Dos años antes, el juez instructor decretó la puesta en libertad de Eugenio Hidalgo, alcalde popular de Andratx, con una fianza de 100.000 euros.

El caso Inestur ("operación Voltor"), en el que se investiga la supuesta corrupción en empresas públicas del Govern balear en la presente legislatura, se inició a principios de febrero de 2010, en el que están imputados varios responsables de Unió Mallorquina.

El 9 de febrero, Miquel Nadal , concejal y ex conseller de Turismo, Angel Flaquer , ex presidente de UM, Antoni Oliver y Joan Sastre, ex directores generales, eludieron prisión tras depositar fianzas de 100.000 euros. Un mes después, el 15 de marzo, en una nueva fase de la operación, la Policía detuvo a otro ex conseller de Turismo, Francisco Buils (UM), que quedó en libertad dos días después tras depositar la misma fianza.

En el Caso arcos, de corrupción urbanística, el 4 de junio de 2009, la jueza dictó libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín, (Málaga) José Manuel Martín , del PSOE, único encarcelado que quedaba por esta causa en la que imputaron a 29 personas.

El la Operación Troya, en enero de 2007 detuvieron al alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra , y en fases posteriores a veintitrés personas, entre ellas al asesor jurídico del Ayuntamiento y al arquitecto municipal. Juan Martín Serón y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros el 19 de enero de 2007.

En el Caso Faycan, que investigó la presunta corrupción del gobierno municipal del PP en Telde, Gran Canaria, la principal imputada fue la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres , quien quedó en libertad provisional el 4 de mayo de 2006 bajo fianza de 100.000 euros después de permaner en prisión durante 62 días, acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.