La política es sinónimo de corrupción para los catalanes

El estudio confirma la mala imagen de las instituciones políticas catalanas tras dos años de contínuas informaciones sobre escándalos de esta índole, desde la «operación Pretoria» de corrupción urbanística centrada en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que afectó a prebostes de Convergència y el PSC, o el «caso Palau» de desfalco del Palau de la Música y presunta financiación irregular de Convergència, a la trama «Gürtel», sin olvidar las presuntas irregularidades de Joan Laporta al frente del F. C. Barcelona, dado que el trabajo de campo de la encuesta coincide con la asamblea de socios del Barça en la que se acordó auditar las cuentas de Laporta.

El director del CEO, Gabriel Colomé, destacó este contexto para explicar los resultados del sondeo, que confirma las peores sospechas sobre la desconfianza ciudadana en la «cosa pública». Así, el 52,7% de los encuestados cree que los partidos políticos se financian ilegalmente siempre o casi siempre y sólo el 30,6% confía en que los candidatos a unas elecciones lo sean para luchar por sus ideales de partido y para defender los intereses de los ciudadanos, frente al 21,7% convencido de que se presentan para enriquecerse y el 42,9% convencido de que lo hacen por «la influencia que se obtiene con el cargo». En resumidas cuentas, la mayoría de los catalanes (67,8%) cree que los políticos son poco y nada honestos.

Una visión que completa el 7,3% que está convencido de que los políticos no se esfuerzan suficientemente para luchar contra la corrupción o el 66% que defiende que los nombramientos en la administración no están basados en el mérito y la capacidad. Además, los catalanes están convencidos de que existen unos vínculos demasiado estrechos entre negocios y política e identifican perfectamente los ámbitos en los que estas estrechas relaciones desembocan más fácilmente en actitudes corruptas. Se trata de los ámbitos de obras públicas, urbanismo, justicia y vivienda. Por contra, la educación, desde guarderías a universidades, es el ámbito menos corrupto para los catalanes.

Los consultados están convencidos, además, de que el nepotismo sigue siendo la norma en el ámbito público y de que las administraciones dan un trato de favor a las personas y entidades afines al gobierno.

En cuanto al reparto de responsabilidades, el 59,4% cree que la principal responsabilidad de la corrupción es de la administración pública frente a un 17,5% que responsabiliza a la empresa privada y el 19,6% que la atribuye a los dos por igual. En este sentido, destaca que el 97,2% considera inaceptable que un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite y el 95,1% ve injustificable pagar a un policía para evitar una multa pero el porcentaje cae al 57% cuando se trata de llamar a un médico amigo para evitar las listas de espera.

En este sentido, Colomé atribuyó la dureza de los resultados para los cargos públicos frente a la condescendencia con los comportamientos corruptos en el ámbito privado a los «estereotipos heredados del franquismo» que confió que se modificarán entre «los hijos de la democrácia». En este país, se lamentó Colomé, «ser servidor público está mal visto y en cambio el sector privado tiene barra libre», algo que a su juicio responde a la negativa visión de la política impuesta por la dictadura a partir de 1939. «La cultura política no se cambia en 30 años», concluyó.

El director de la OAC, David Martínez Madero, destacó también que «la corrupción no es exclusiva del ámbito público» y reclamó más fondos para luchar contra los comportamientos ilícitos, tras destacar que el 44,4% ha oído hablar de la OAC y el 72,7% la considera «muy o bastante postiva» según el sondeo encargado por la propia oficina. Madero anunció, en este sentido, que pedirá una ronda de entrevistas con los nuevos líderes parlamentarios cuando se constituya la Cámara catalana para proponer un nuevo «pacto por la integridad» que vaya más allá del acuerdo suscrito hace un año, cuando la OAC inició su andadura, para alcanzar «un compromiso real y no retórico» contra la corrupción. El director de la OAC reclamó un «cambio en la cultura política de los partidos», porque «los recursos públicos no pueden ser un botín para afines y militantes».

El sondeo elaborado por el «CIS catalán» cuestiona también el papel de los medios de comunicación en la denuncia de los casos de corrupción. Así, el 67,1% considera que la información que ofrecen los medios sobre los casos de corrupción es poco objetiva, dato que destacó Martínez Madero para reclamar una mayor implicación del «cuarto poder» en la lucha contra los comportamientos ilícitos