Un máximo de ocho años en un centro de menores para el presunto autor del atentado de Barcelona

Por el momento, los cuerpos de seguridad trabajan para encontrarlo, pues si bien se pensó en un inicio que el conductor del vehículo era su hermano mayor, Driss Oukabir , detenido ayer en Ripoll (Girona), las hipótesis que ahora se barajan apuntan a que el menor le robó el pasaporte para alquilar dos furgonetas a su nombre. Una de ellas fue la utilizada en la masacre, mientras que la otra fue localizada en la tarde de ayer en el municipio barcelonés de Vic.

De confirmarse que es el autor material del atentado, Moussa se enfrentará a «una medida de internamiento en un centro de menores de ocho años como máximo», según explica el abogado Aarón Quintana Morgado , «complementada, en su caso, con otra medida de libertad vigilada para cuando cese la privación de libertad de hasta cinco años, y ello con la correspondiente asistencia de un educador social».

Dos medidas que distan mucho de la pena de cuarenta años de prisión que, en abstracto, cabría imponerle por cada uno de los asesinatos perpetrados, ya que al ser menor de edad «no está sometido al Código Penal sino a la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores », señala el letrado. «En este punto la ley es meridiana, ya que dice taxativamente que esta sería la respuesta a aplicar si al tiempo de cometer los hechos el sujeto tuviera dieciséis o diecisiete años», explica Quintana, quien señala que, por tanto, «es indiferente que queden apenas dos meses para que Moussa alcance la mayoría de edad». Además, comenta que si hubiera tenido menos de catorce años estaría directamente exento de responsabilidad penal.

Sin perjuicio de esas medidas, Quintana señala que «el juez también podría inhabilitarlo de forma absoluta para ostentar cargo público durante un tiempo máximo de quince años, aunque todo depende de la duración del internamiento en el centro de menores», comenta.

Una respuesta «concebida para obtener la rehabilitación del menor», explica Emilio Cortés , catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, quien critica la tibieza de la ley de menores en determinados aspectos. «Es una ley que lleva en funcionamiento desde el año 2000. La experiencia dice que es necesario, como ocurre con otras normas, recrudecerla para introducir en supuestos como el de ayer la posibilidad de aplicar penas de privación de libertad, pues la actual ley solo contempla las medidas de internamiento que en nada equivalen a la estancia del reo en prisión», señala.

Y es que, como dice el profesor, el proceso que en su caso se dirija contra Moussa no seguirá los cauces que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en cuanto a las partes mayores de edad, sino que estará sometido a la regulación que hace la legislación sobre menores. «Es por ello que no habrá una primera fase de investigación dirigida por el juez de instrucción sino que se incoará un expediente de reforma por la fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigido al esclarecimiento de los hechos. Tras ello, el Ministerio Público dará cuenta de la investigación al juez de menores, que será el encargado de dirimir la responsabilidad de Moussa en la masacre de Barcelona», explica el catedrático.

Además, durante la investigación no podrá dictarse respecto a él una medida cautelar de prisión provisional sino, a lo sumo, «una medida cautelar de internamiento en un centro de menores», comenta Cortés.

Por este motivo, y a pesar de haber «conexidad delictiva» -identidad de hechos punibles y sujetos agraviados- entre los cuatro detenidos por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), Cortés explica que el proceso se sustanciará respecto a los mayores de edad ante la Audiencia Nacional mientras que Moussa, una vez hallado, pasará a depender del juzgado de menores.

Fuentes de la Audiencia Nacional informan a ABC de que los cuatro detenidos hasta el momento por los atentados perpetrados en Barcelona y en la localidad tarraconense de Cambrils, que presuntamente pertenecen a una célula terrorista, podrían pasar a disposición judicial a partir del próximo lunes.

En la tarde de ayer el magistrado en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu , y el fiscal jefe del tribunal, Jesús Alonso , se trasladaron al lugar de los hechos después de abrir diligencias de investigación, donde realizaron el recorrido de la furgoneta que provocó el atropello de los transeúntes, pero a la inversa. Ambos regresaron esta madrugada a Madrid, donde continúan estudiando los hechos.