Llarena propone a Alemania la alternativa de entregar a Puigdemont por sedición

Para impedir que los tres jueces Schelewig Holstein , la región alemana donde fue arrestado el expresidente de la Generalitat, limiten la causa contra los antiguos dirigentes catalanes, Llarena explica que lo que no cabría es una entrega solo por el delito de desobediencia, dada la gravedad de los hechos investigados. Las acusaciones, además, tienen la puerta abierta a acusar por el delito que consideren oportuno cuando llegue el trámite para ello, después de que el procesamiento sea firme. El delito de sedición castiga con hasta quince años de prisión a aquellos que impidan la aplicación de las leyes o la labor de la Justicia o la Policía mediante un «alzamiento público y tumultuario».

Al mismo tiempo, el juez ha acordado la creación de una pieza separada respecto de los siete investigados que se encuentran fugados de la Justicia, declarados en rebeldía, para que su incomparecencia no retrase los plazos de la instrucción y la llegada del juicio. En una providencia, Llarena considera que existen «elementos suficientes» para que sean juzgados de forma independiente Carles Puigdemont, Antoni Comin, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel . El resto, los imputados que se encuentra en prisión preventiva o libres en España con cautelares, se quedan en la otra pieza del caso.

La decisión de Llarena se adelanta a la resolución de Alemania, que se esperaría en las próximas dos o tres semanas. El Tribunal Supremo y la Fiscalía española criticaron la decisión del tribunal regional alemán, por entrar a valorar el componente de la violencia durante el «procés», una cuestión que Llarena -que lleva investigando los hechos más de seis meses- considera que no les correspondía. Según el Alto Tribunal, Alemania debe limitarse a comprobar que los hechos descritos son constitutivos de algún delito, si no se aprecia uno de los 32 crímenes cuya entrega es automática, según la normativa de la orden europea de detención y entrega. La euroorden es el mecanismo para las reclamaciones de investigados que rige entre los países de la Unión Europea y se resuelve entre tribunales, sin que intervengan los gobiernos.

El juez ha remitido también un escrito a las autoridades judiciales belgas en el que plantea la opción de que entregue al exconseller de Sanidad de la Generalitat Antoni Comín por un delito de sedición, informa Efe. Llarena ha enviado un escrito complementario a la orden europea de detención y entrega (OEDE), en el que plantea esa posibilidad en el caso de que los jueces belgas consideren que no se dan los requisitos para entregar a Comín por un delito de rebelión.

Dice el juez que conforme al ordenamiento jurídico español, la actuación de Comín «podría ser constitutiva de un delito de rebelión, sin perjuicio de otras calificaciones que quedarían excluidas dado que la regla española de concursos de delitos concentra la calificación en el delito más gravemente penado».

Al cerrar la investigación, el juez Llarena procesó por un delito de rebelión a trece líderes secesionistas, entre ellos el propio Puigdemont, al concluir que asumieron la violencia como un medio necesario para alcanzar la secesión por un camino ilegal. Según el magistrado, los antiguos gobernantes catalanes siguieron adelante con su plan, que incluía el referéndum ilegal, a pesar de que se preveía violencia, como sucedió en el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017. Llarena confirmó este procesamiento al rechazar los recursos de reforma de los imputados y corroboró su tesis, aunque admitió que los hechos podrían calificarse también como sedición o como conspiración para la rebelión .

En cualquier caso, la tesis de Llarena es la conclusión del juez investigador, cuya misión es resolver si hay indicios suficientes de los delitos para que se debatan en el juicio oral, el momento decisivo, que llegará en otoño. En la vista oral se reproducirán de nuevo las pruebas, las partes enfrentarán sus argumentos, y un tribunal formado por siete jueces de la Sala penal del Supremo tendrá la última palabra sobre los delitos.