La Justicia ha procesado a 1.378 personas por delitos de corrupción en solo 15 meses

Durante el último año y medio el Consejo General del Poder Judicial ha recopilado los datos de todos los tribunales y juzgados, lo cual le ha permitido elaborar la primera base de datos de acceso público en la que se cuantifican no solo el número de causas que han desembocado en juicio y las sentencias que de ellos han derivado, sino el número de personas a las que la justicia ha sentado en el banquillo de los acusados.

El resultado es demoledor: entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 se dictó auto de apertura de juicio oral contra 1.378 personas entre funcionarios públicos (o personas que, sin serlo, trabajan en la Administración Púbica) y cargos políticos.

De ellos, 1.060 eran hombres (el 77 por ciento) y 318 mujeres; 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la UE y 170 extracomunitarios . Todos ellos estaban inmersos en 166 procedimientos.

El número de procesados o acusados es sensiblemente inferior al de investigados en los juzgados, una cifra que el Consejo no ha querido cuantificar porque la fase de instrucción de un procedimiento es muy variable, no solo en la cantidad de personas sujetas a una investigación (que se puede ver mermada en el transcurso de los meses) sino en el propio devenir de la causa, que puede acabar en archivo y no necesariamente en juicio, como sí han terminado o van a terminar todas las que ha contabilizado el órgano de gobierno de los jueces.

Por comunidades autónomas, en estos últimos quince meses Cataluña se ha llevado la palma en número de procesados, con 333 . Le han seguido Andalucía, con 153 , y Madrid, con 145 . En el extremo opuesto Navarra: desde julio de 2015 ningún tribunal ha abierto juicio oral contra nadie por delitos de corrupción .

Por su parte, la Audiencia Nacional, con competencia en toda España para investigar y juzgar delitos de esta índole cuando afectan a varias comunidades autónomas, ha acumulado durante este tiempo 272 procesados.

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres que se han estudiado (y que a partir de ahora se irán actualizando en la página web del Consejo), 72 fueron condenatorias, es decir, un 72,7 por ciento del total .

Un total de 399 personas fueron condenados por sentencia firme, en las que los delitos más comunes fueron, por este orden, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación.

El repositorio del Consejo ofrece también datos relativos a la población reclusa, tanto a los presos ya condenados por sentencia como a los presos preventivos, es decir, aquellos que están a la espera del juicio.

A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados -en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos .

Más allá de la fotografía sobre la corrupción que se extrae de los datos de estos cinco trimestres, desde el Consejo General del Poder Judicial todavía se considera prematuro hacer una valoración sobre esta lacra social.

En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes , negó que se pueda descalificar a toda la clase política y a las instituciones en general, cuando la mayoría de sus miembros colaboran en la lucha contra la corrupción, como han demostrado muchas de las reformas legislativas que se han llevado a cabo en este sentido.

Para Lesmes, lo que demuestran estos datos es que los jueces «están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles» .

Señaló que en ocasiones se critica «de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad».

«La realidad deja sin fundamento esas críticas -dijo- y demuestra que frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto , aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos».

Lesmes recordó, además, que la gravedad de la corrupción no está solo en el hecho delictivo, sino en la amenaza que supone este fenómenos para la democrácia, pues «socava la credibilidad en las instituciones y atenta contra la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes».

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas , miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, destacó que la información que ofrece el repositorio evidencia «la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo» .

A su juicio, estos datos ofrecen una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial «llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder» .

Cabrejas destacó «la labor, muchas veces silenciosa», de todos los operadores jurídicos comprometidos en la lucha contra la corrupción.