El juez deja a Villarejo en prisión, y levanta el secreto de sumario en contra de la Fiscalía

«No sólo se complican las pesquisas; con esa medida van a salir a la luz documentos muy delicados que van a provocar ríos de tinta», advierten las mismas fuentes. «El futuro de este caso puede complicarse mucho», añaden esos mismos medios.

Sobre la decisión de mantener la prisión de Villarejo , el juez afirma que además de la pieza principal se han abierto otras cinco en las que está imputado por los delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión. Además, considera que «continúan existentes los mismos indicios racionales de criminalidad » que cuando se ordenó su encarcelamiento, «indicios que a su vez se han visto ampliados». Para el magistrado, el expolicía «presenta una actuación principal en los hechos que se investigan».

Considera asimismo que el riesgo de fuga «no se puede entender disminuido», por las circunstancias personales de este individuo: «La titularidad de los activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero(...) La alegación de falta de ocultación y de desaparición de pruebas, ha de tenerse en cuenta que en el actual estado de instruccón de la causa, se han llevado a cabo incautaciones de material documental e informático y la pendencia de Comisiones Rogatorias (...) mas líneas de investigación que deben seguir aseguradas con la medida cautelar de privación de libertad del acusado».

El juez De Egea hace hincapié en que el excomisario «utilizó el grupo empresarial Cenyt , compuesto por varias sociedades», y considera que hay que suponer que las cantidades millonarias cobradas por el excomisario por sus informes «terminarán su recorrido ilícito en España valiéndose el investigado del entramado societario que le permitiría diluir el origen lícito o ilícito de los fondos para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de distintos países las repúblicas de Uruguay o Panamá, suponiendo con ello la repatriación de fondos recibidos».

Precisa además que la situación personal del encarcelado «sigue siendo absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos».