Villarejo habría presionado a un deudor del marido de Ana Rosa para que cobrara

Según las fuentes consultadas por ABC, los investigadores sostienen que los arrestados habrían recurrido a los servicios del expolicía presuntamente corrupto para cobrar una cantidad de dinero supuestamente adeudada por un tercero. Por medio habría uno de los famosos informes King , aunque en esta caso es posible que no hubiera dinero por medio dadas las buenas relaciones que hay entre la periodista y su marido, y el excomisario.

Juan Muñoz fue arrestado en Madrid y su hermano y letrado en Andalucía. Ambos declararán en las próximas horas ante la Policía y serán puestos a disposición judicial entre el jueves y el viernes. No han trascendido más detalles de la operación porque hay secreto de las actuaciones .

Desde que se puso en marcha la operación Tándem quedó meridianamente claro que la información intervenida a Villarejo era muy sensible y afectaba a muchas personas de relevancia. No es de extrañar, porque el excomisario «grababa todo de todos», según explicaron fuentes de la investigación . No es de extrañar, por tanto, que cada poco tiempo vayan surgiendo «sorpresas» como la de ayer.

La detención del empresario ha tenido lugar el mismo día en que el magistrado De Egea archivó dos de las cinco piezas de la causa. En concreto, las relativas a un encargo hecho por un bufete de abogados a Villarejo, recogido en el llamado «informe Iron», y otra sobre otro informe que hizo para la familia promotora de la lujosa urbanización madrileña de La Finca, conocido como Land.

En cuanto a la primera de las piezas, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de cuatro directivos de ese despacho de abogado. El magistrado entiende que no existen unos mínimos indicios racionales y objetivos de su participación en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la Fiscalía. Hay que destacar que el archico es respecto de los clientes de Villarejo -el bufete que lo contrató-, pero no del excomisario encarcelado.

En un auto, De Egea explica que los investigados Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados , así como la también investigada María Ángeles Moreno, como directora del departamento de marcas externas del bufete, se encontraban en graves problemas económicos ante la situación que se originó en mayo de 2012 con la marcha de profesionales y la coincidencia con la formación de otro bufete, creado con las personas que se habían ido, y que se dedicaba a la misma actividad profesional, lo que supuso la pérdida de muchos de sus clientes.

Los cuatro anteriores decidieron acudir a los también investigados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo con el fin de que hicieran un informe de seguimiento del despacho Balder IP ante la sospecha de que las personas que abandonaron su anterior bufete se hubieran apropiado de la información relativa relativa a los clientes, que intentaban y lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios.

El encargo, según explica el juez, se hizo a Villarejo y a Redondo en su calidad de detectives privados y con la finalidad de realizar un seguimiento de los profesionales que se habían marchado del bufete a la competencia, encargo que se formalizó de forma verbal. Según De Egea, Villarejo y su socio Redondo no les comunicaron cómo se llevaría cabo la ejecución del proyecto, cuales iban a ser las técnicas de investigación sobre la mercantil ni el formato en el que el sería entregado el trabajo, denominado «Proyecto Iron».

Destaca el juez que los cuatro miembros del despacho desconocían la condición de agentes de Policía o funcionario público del investigado José Manuel Villarejo, así como el tipo de investigación que el Grupo Cenyt iba a llevar a cabo, «desconociendo igualmente el formato de los informes y la utilización de las técnicas de investigación que iban a ser utilizadas sobre la mercantil Balder IP Law».

Ante los resultados del informes, y siendo siempre «meras especulaciones sin ningún tipo de elemento objetivo en donde fundar las mismas», Herrero y Asociados presentó denuncia contra la mercantil Balder IP Law que dio lugar a un procedimiento judicial en los juzgados de Madrid.