El juez cita a Gallardón por la compra de la filial del Canal en Iberoamérica

El juez considera que Ruiz-Gallardón podría ser responsabe de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación por el importante quebranto patrimonial que supuso para la empresa pública del Canal la mencionada compra y las irregularidades que se cometieron en la adquisición de Inassa, autorizada en un consejo de gobierno celebrado en 2001 presidido por el investigado. Además de a Gallardón el magistrado cita el día 5 de junio a Carlos Mayor Oreja, entonces consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal por tener esa condición, y a Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia, 24 horas después.

En esta pieza han declarado ya varios ex altos cargos de la Comunidad en la época de Gallardón y los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II . Entre otros, el juez ha escuchado los testimonios del exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif Juan Bravo, el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Pedro Calvo y el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, que fue director gerente del Canal. La mayoría defendieron ante el juez la legalidad de la compra de Inassa y negaron sobrecostes. Incluso, señalaron que en realidad fue una operación beneficiosa para el Canal que se adquirió por un precio mucho menor del que costaría hoy. En el mismo sentido se pronunciaron algunos técnicos del Canal que declararon que la adquisición de la filial colombiana fue una buena oportunidad para la empresa pública.

La citación del expresidente madrileño era, como publicó ABC en mayo del año pasado, cuestión de tiempo.

Para la Fiscalía Anticorrupción la operación fue absolutamente irregular y provocó unas pérdidas para las arcas públicas de 66 millones de euros . El Canal de Isabel II pagó por Inassa, a través de una sociedad interpuesta creada «ad hoc» más de 83,5 millones de euros, que se han ido pagando hasta 2012. Pero aún más extraño le resulta que se utilizara otra mercantil radicada en Panamá para hacer los pagos a los propietarios de Inassa. Curiosamente esa segunda sociedad se disolvió al día siguiente de la operación.

La compra «fraudulenta» de Inassa por parte del Canal fue autorizada por el consejo de gobierno de la Comunidad pese a que la empresa pública, según se recogía en sus estatutos, sólo podía operar en Madrid. Para realizar una inversión internacional de esas características se tenía que haber aprobado un decreto expreso para el caso concreto, algo que sin embargo no se hizo. Es más, para intentar dar cobertura legal a la adquisición se modificaron los estatutos, pero cuando la operación ya se había realizado.

Además, la constitución de una sociedad vehículo para la compra de Inassa pretendía, según los investigadores, justificar un aparente desplazamiento del centro de decisiones, y en cuanto a la mercantil a través de la cual se hicieron los pagos su adquisición no fue autorizada. Sólo se permitía la compra de Inassa, y la interposición de una sociedad panameña carecía de toda justificación económica e iba contra la lógica jurídica, ya que el uso instrumental de sociedades radicadas en paraísos fiscales sólo se puede entender por un intento de hacer la operación de forma opaca.

Por si fuera poco, el crédito que se pidió a una entidad bancaria para financiar la operación se solicitó sin el informe favorable de la Comisión de Presidencia, Hacienda y Presupuestos de la Comunidad de Madrid. De la misma forma, no consta que se realizaran trámites esenciales de índole administrativa para poderse autorizar la compra.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado recientemente un auto en el que rechaza el archivo de esta pieza del caso Lezo, razón por la cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado la decisión de tomar declaración a todos los investigados que aún quedaban por ser interrogados.