Gallardón, investigado por la compra irregular de Inassa

ABC ya adelantó el mismo día de la operación Lezo que la investigación también alcanzaba a la etapa de Gallardón en la Comunidad. De hecho, él fue el máximo responsable de la compra de Inassa, para la cual llegó a reformar los estatutos del Canal después de haberse hecho la compra. La operación pasó por el consejo de gobierno, por lo que en ningún caso puede alegar ignorancia.

Aún más llamativo es el hecho de que para la compra de Inassa se creara una sociedad interpuesta, Canal Extensia , algo insólito en el sector público. Y el asombro es aún mayor porque se utiliza una segunda mercantil radicada en un paraíso fiscal como es Sociedad de Aguas de América S.A. , con sede en Panamá y a través de la cual se hicieron los pagos. Es en ese país donde al parecer se hizo el reparto del dinero. Curiosamente, se disolvió inmediatamente después de hacerse la operación. Fue financiada a través de un crédito del BBVA que se pagó hasta 2012.

Por Inassa se abonaron 83 millones de dólares cuando no valía más de seis. Para justificar el sobreprecio se hace una concesión de 30 años por el servicio de aguas a la Triple A colombiana en la ciudad de Barranquilla, cuando normalmente se hacían por cinco. Al llegar Ignacio González al Canal pidió al bufete Cuatrecasas que hiciera una auditoría, que alertó de las irregularidades y que fue encontrada en los registros. Pero González no solo lo guardó en un cajón, sino que utilizó la misma técnica en 2013 en la compra de la brasileña Emissao .

Como se sabe, la discusión técnica fundamental entre los fiscales del caso y el jefe de Anticorrupción fue precisamente la intención de este de separar esta compra aparentemente irregular del resto de la investigación. Ya en noviembre de 2016 había plantado esta cuestión el primer instructor del caso, Alejandro Abascal , que por entonces estaba en funciones de apoyo de Eloy Velasco . Abascal comunicó a los fiscales que separaba ese asunto de la causa «después de consultarlo» con un magistrado muy conocido del Tribunal Supremo que, por lo que se ve, siempre ha estado muy interesado en este asunto.

La decisión de Abascal fue recurrida por Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá y en el mes de enero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les dio la razón. El fiscal general, Manuel Maza , fue informado de inmediato de esa decisión del tribunal.

El 17 de abril el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix , ordenó a los fiscales que se abriera una pieza nueva con Inassa y que por tanto los registros no afectasen a este asunto. Yáñez y García Cerdá le recordaron entonces la decisión de la Sala de lo Penal, que Moix despreció con palabras gruesas, para luego recordar que él estaba ahí para que no se hicieran macrocausas.

Al día siguiente, a petición de su jefe los fiscales le presentaron un escrito con su postura, momento en el que Moix les dice, incluso por escrito, que no les releva del caso porque no hay tiempo. Es entonces cuando éstos se acogen al artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal y se convoca la junta de fiscales Anticorrupción que respalda a sus compañeros.