Interior entrega a Marruecos ocho inmigrantes mientras Justicia cuestiona las devoluciones

La controversia en torno a estas acción se intensificó a lo largo del jueves, en tanto la recién nombrada delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, intentó responsabilizar de esas devoluciones a la anterior Administración del PP, afirmando que se trató de «una decisión» de su antecesor, que se había encontrado «encima de la mesa». El aludido, Abdelmalik El Barkani, contradijo esa versión al subrayar en declaraciones a Efe que él mismo consultó al ya ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que personalmente «dio el visto bueno» a la entrega de los ocho inmigrantes.

La excusa de Moh intentando atribuir a otros este traslado ha resultado muy llamativa, en tanto que la institución que dirige indicó ayer en todo momento que esas personas «pasaron a disposición de las autoridades marroquíes en aplicación del Acuerdo de Readmisión que existe entre España y Marruecos de 1992».

Con respecto a los otros cinco ocupantes de la misma patera, la Delegación del Gobierno informaba de que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, mientras que otras 14 mujeres que llegaron también a Chafarinas una semana antes, el domingo 10 de junio, fueron llevadas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid.

Se da la circunstancia de que ayer mismo se conoció que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, revisará el recurso que el anterior Gobierno presentó contra una condena de Estrasburgo a España en 2017 por la devolución en caliente de dos inmigrantes subsaharianos. La retirada de ese recurso supondría el primer paso para laminar la ley de seguridad ciudadana.

Todo apunta a ello: Delgado solicitó el 11 de junio aplazar la vista prevista para el próximo 4 de julio para «revisar la postura que el anterior Gobierno del Partido Popular decidió mantener ante el TEDH». Este tribunal consideró que la práctica de las devoluciones en caliente suponía una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y condenó a España a indemnizar a cada uno de los subsaharianos con 5.000 euros.

En un comunicado, el Ministerio recuerda que las devoluciones en caliente (la figura jurídica se llama «rechazo en frontera») fueron avaladas por la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Ejecutivo del PP en 2015 y conocida como «ley mordaza» y que su aprobación provocó también una modificación de la ley de Extranjería.

El rechazo en frontera permite la expulsión inmediata de quienes superan de manera irregular los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sin que puedan acceder a los procedimientos legale s a los que hasta entonces tenían derecho: apertura de un expediente administrativo, asesoría jurídica y proceso de identificación para determinar si pueden solicitar asilo o refugio.

El Ministerio que dirige Delgado recuerda que organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o el Consejo de Europa, así como numerosas ONG, han puesto en duda que esa normativa se adecue a la legislación internacional en materia de derechos humanos.