Un guardia civil destaca el rol de las protestas callejeras en el «procés»

Entre las personas que comparecieron ayer destacó un sargento de la Guardia Civil que fue citado como perito, pero que declaró como testigo experto. El agente de la policía judicial –que analizó los documentos que recogían la hoja de ruta del plan secesionista ilegal– destacó el rol de la «movilización popular» dentro de la estrategia para lograr la secesión por las vías ilegales.

«Es un elemento primordial», manifestó el agente, cuya declaración fue muy breve después de que el fiscal Javier Zaragoza renunciara a continuar ante el perímetro con el que los jueces acotaron el interrogatorio, sin permitir las valoraciones del agente. También manifestó que en los documentos que guiaron el «procés» había referencias a la vía unilateral, a las estructuras de Estado y a órganos de coordinación.

Más allá, ayer también comparecieron cuatro peritos que valoraron el uso de los locales públicos en el referéndum ilegal del uno de octubre. Dos de ellos, propuestos por la Fiscalía, concluyeron que el empleo de los inmuebles supuso un coste indirecto de unos 900.000 euros , un gasto que el Ministerio Público incluye en la malversación. Los otros dos peritos, solicitados por las defensas, alegaron que no se puede calcular el valor de mercado de un local público, que no es alquilable ni tiene en ningún caso lucro cesante. Comparecieron todos a la vez, entre notas.

Por la tarde, una filóloga propuesta por el abogado de Joaquim Forn convirtió por momentos la vista en una delirante conferencia sobre el empleo de las perífrasis verbales en las lenguas castellana y catalana. El letrado buscaba restar importancia a una declaración a un medio del antiguo consejero del Interior, según fue traducida por la Guardia Civil. Según la experta, Forn dijo que « el referéndum se va a celebrar» , y no que «se ha de celebrar».

Tras cerrar este fase, el juicio se retomará el próximo lunes con la prueba documental, en la que destacará el visionado de los vídeos del 1-O. A estas alturas, los magistrados han transmitido a las defensas que prevén dejar el juicio visto para sentencia en torno al 12 de junio. Cada acusado tendrá quince minutos para expresar su última palabra , según ha podido saber ABC. Además, el tribunal ratificó ayer la multa de 2.500 euros a los testigos de la CUP que se negaron a contestar a Vox (Antonio Baños y Eulalia) y les ha denunciado ante la justicia ordinaria.