El Govern recurre a un «fraude de ley» para pagar las fianzas

El proceso para beneficiarse del aval del dinero público que seguirán la Generalitat y los implicados en el TdC, entre los que se encuentran los expresidentes autonómicos Artur Mas y Carles Puigdemont, los exconsejeros Oriol Junqueras, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Raül Romeva y 28 altos cargos más que ejercieron entre 2011 y 2017, lo iniciarán los acusados presentando una solicitud de petición de beneficiario ante el ICF. Los que aspiren a contar con el aval tendrán que cumplir tres condiciones: que no haya resoluciones firmes que declaren ilícitas sus actuaciones, que el riesgo no esté cubierto por otro seguro de la Generalitat y que la administración autonómica no haya iniciado acciones judiciales o sanciones administrativas contra el solicitante.

Tras la petición, la Generalitat analizará si se cumplen los requisitos y, entonces, procederá a avalar la cantidad a afianzar, que, según explicó Jaume Giró (Junts), consejero de Economía y Hacienda, ayer, en rueda de prensa para dar a conocer la estratagema del Govern, se llevará a cabo a través de una entidad financiera privada –cuyo nombre no desveló–. Es decir, al TdC le llegaría el dinero de las fianzas desde una entidad privada, aunque esta estará avalada con dinero público. Solo en caso de una sentencia firme la Generalitat pedirá a los condenados la restitución del dinero avalado con intereses y los gastos correspondientes. Es decir, como mínimo, los líderes independentistas ganan tiempo. Giró situó esa sentencia firme en los tribunales internacionales y no en la jurisdicción española, si bien reconoció que –en este caso, por ejemplo del TdC– tras la decisión del Tribunal Supremo, si hubiera recurso, las fianzas se ejecutarían.

Pese a que el decreto-ley y su desarrollo es ‘ad hoc’ para los implicados en los 5,4 millones de euros por la acción exterior del 1-O, a este nuevo fondo podrá acudir cualquier implicado en todo el ‘procés’ –a excepción de los del 9-N, pues esa fianza del TdC ya está en fase de ejecución–. Esto engloba tanto los que siguen en fase judicial en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –el caso de la denominada ‘infantería del procés’– como los que tienen pendiente la decisión final del TdC por el referéndum del 1-O, del que se descolgó la pieza de la acción exterior y que ya afianzaron 4,1 millones de euros, sobre todo gracias a la Caja de Solidaridad. No parece que sea casualidad que los dos casos pendientes en el TdC sumen algo menos de 10 millones de euros, justo la cantidad de dinero público con la que se crea el nuevo fondo que gestionará el ICF.

Según Giró, que presentó el nuevo fondo junto a Laura Vilagrà (ERC), consejera de la Presidencia, con quien comparte la propuesta de la iniciativa, con esta gestión, el actual Govern catalán evita la malversación y la prevaricación pues, aseguró, «no hay desplazamiento patrimonial» de la Generalitat, el decreto-ley tiene «solidez jurídica» y la Generalitat «nunca perderá un euro», pues «no es un aval directo» lo que se pone en marcha; pese a que el dinero público del ICF sí quedará retenido por las entidades financieras el tiempo que dure el proceso hasta que haya sentencia firme.

Aunque los periodistas, durante la rueda de prensa, le preguntaron en varias ocasiones sobre el origen de los 10 millones de euros, el consejero de Economía y Hacienda no concretó las partidas de los presupuestos de la Generalitat que se verán afectadas por la creación de este fondo de contingencia. Giró se limitó a decir que «el dinero está en muchas cajitas, pero en una caja única».

Por todo ello, el armazón del decreto-ley, con el que el Govern quiere dar la apariencia de norma para evitar las impugnaciones, se centra en dirigir la iniciativa del nuevo fondo para afrontar las obligaciones legales que se reclamen a los trabajadores públicos en un proceso judicial o administrativo, por las acciones que hayan llevado a cabo en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, y que no estén cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable que ya tiene suscritas la Generalitat. Algunas de las aseguradoras ya advirtieron a la Generalitat de que las derivadas judiciales del 1-O no entraban dentro de las pólizas contratadas.

A la espera de la publicación del decreto-ley, las fuentes jurídicas consultadas por ABC sí creen que la Generalitat puede cometer un delito de malversación por destinar fondos públicos al aval del ‘procés’. Señalan que aunque un pago se puede hacer por cuenta de terceros, en este caso el tercero es el acreedor, el perjudicado, y si el perjudicado es el que pone el dinero eso es condonación. «Cuando la condonación es de fondos públicos es malversación», apuntan.

El desenlace de la liquidación que se ha llevado a cabo en el TdC implica que la Generalitat tiene que cobrar porque, aunque ella no se considere perjudicada, la Fiscalía y dos asociaciones, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución , están velando por que el dinero malversado regrese a las arcas públicas catalanas. Por eso es un «fraude grosero» que la Generalitat nutra un fondo que antes o después va a volver a ella y con este gesto enriquezca, además, a quienes tienen que afrontar su responsabilidad por el dinero desviado para supuestos fines ilícitos. Dicho de otra forma, los fondos que pone la Generalitat son completamente ajenos a esos 5,4 millones «que se han perdido» . Los recuperará con la sentencia del TdC sin que nadie rinda cuentas por el dinero malversado para la acción exterior del 1-O, por el que nadie responderá.

Estas fuentes también subrayan que una administración pública puede concertar pólizas de seguro para asegurar la responsabilidad civil de sus funcionarios por actuaciones negligentes, pero nunca dolosas. «Aquí ha habido un dolo clarísimo desde el momento en que ha habido una condena firme por malversación», señalan.

Otras fuentes consultadas ahondan en la paradoja que supone que la propia administración perjudicada sea la que aporte ese aval. «El asunto ya sería cuestionable siendo el perjudicado un tercero, cuánto más así que la Generalitat es la propia perjudicada ». Otra cuestión significativa es el hecho de que se haya recurrido al decreto-ley, algo con lo que pretenderían diluir responsabilidades individuales. A su vez, la fórmula del decreto-ley puede dificultar el rechazo a este aval por parte del TdC al no poder impugnarlo, a diferencia de la Abogacía del Estado, que sí podría hacerlo. En lo que todas las fuentes coinciden es que se avecina un nuevo enredo jurídico con consecuencias aún inciertas.