Tras el pufo del 'procés'

La decisión de la Generalitat de crear un fondo público para hacer frente a las fianzas puede ser rechazada por la delegada instructora si no considera ajustada la fórmula. Del mismo modo, las partes personadas –Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución– pueden recurrir ante la Sala de Enjuiciamiento del mismo tribunal. Ello sin perjuicio de que pueda abrirse la vía penal, como ya hizo ayer otra entidad, Convivencia Cívica Catalana. El argumentario es de base: la administración catalana no puede aportar unos fondos cuando es la administración a resarcir.

El Tribunal de Cuentas ha abierto tres procedimientos relacionados con el ‘procés’. Uno relativo a la celebración de la consulta del 9-N (2014), otro relacionado con los gastos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O (2017) y un tercero, el más reciente, y sobre el que se polemiza ahora, por los gastos dedicados a la difusión internacional del citado referéndum.

En el caso del proceso por la consulta de 2014, el Tribunal Supremo desestimó hace apenas una semana los recursos de casación interpuestos por el expresidente de la Generalitat Artur Mas y varios de sus consejeros y altos cargos contra la sentencia del Tribunal de Cuentas, que pasa a ser firme. De esta manera, los implicados tendrán que devolver 4,9 millones a la Generalitat , pese a que esta administración señaló que no se consideraba perjudicada. La cantidad ya está afianzada, en parte por ejemplo con bienes inmobiliarios del expresidente Mas.

Este proceso, ya en fase de ejecución, se suma al segundo puesto en marcha, en este caso por la organización del 1-O, y en el que están implicados los 28 cargos de la Generalitat que lideraron esa convocatoria, entre estos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En este caso la cantidad que el TdC considera que debe resarcirse suma 4,1 millones, una cantidad que ya fue consignada por personas del entorno independentista gracias a la colecta puesta en marcha por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana.

En el proceso ahora en curso, el TdC reclama 5,4 millones por la promoción exterior del 1-O: dos expresidentes –Mas y Puigdemont–, cuatro exconsejeros y 28 altos cargos están implicados. Tienen hasta el día 21 para consignar la fianza. Cada uno de los implicados es corresponsable de una parte de esta cantidad: 2,8 millones Artur Mas, 1,9 Carles Puigdemont, 2,8 Andreu Mas-Colell... No significa que cada uno deba hacer frente a esta cantidad de manera individual, sino que la afrontará de manera solidaria con el resto, en función de su cargo y del tiempo que lo ostentaron.

Aunque el Govern, presionado por el independentismo más exaltado, trata de maniobrar para asumir las cantidades a resarcir, la vía de la colecta patriótica –tras los sucesivos recursos ante el previsible rechazo de la ‘ fianza pública ’– se adivina como la que se acabará imponiendo. La Caja de Solidaridad cuenta en este momento con 400.000 euros.