Las fianzas del secesionismo

No han sido los únicos políticos que, tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración ilegal de independencia, han pisado prisión. Carme Forcadell , presidenta del Parlament , pasó una noche en la cárcel de Alcalá Meco antes de pagar su gravamen. Después de tildar la declaración de independencia unilateral de «simbólica» y acatar la aplicación del artículo 155, el juez Pablo Llarena resolvió prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament. Además, cuatro miembros de la Mesa -Lluís Corominas, Anna Simó , Lluís Guinó y Ramona Barrufet - evitaron la cárcel tras pagar una fianza de 25.000 euros cada uno.

En total, si se suman las cifras de los exconsejeros y los miembros de la Mesa del Parlament, la factura asciende a casi un millón de euros .

El origen del dinero de todas estas fianzas se encuentra en familiares, amigos… o la «caja de solidaridad» de la ANC y Òmnium Cultural (consideradas por la juez Lamela el «brazo civil» del Govern destituido) en última instancia. Este ente, que fue creado por ambas asociaciones para hacer frente a las multas de cargos secesionistas, fue el pagador de las fianzas de los miembros del Govern y del Parlament que terminaron ante la Justicia tras declarar la DUI. En estos casos, el intermediario fue Marcel Padrós, tesorero de la ANC, debido a que la ley exige que sea un particular quien responda por el investigado en caso de incomparecencia judicial.

El propio Padrós aclaró, tras depositar la fianza de los seis exconsejeros, que la «caja de solidaridad» ha recaudado desde verano 4,7 millones de euros . Una cantidad que se habría obtenido a través de donaciones particulares de entre 20 y 50 euros, según especificó.

No es la primera vez que el independentismo se ve cubierto por este fondo «solidario». Esta caja también está relacionada con el pago de la fianza del también referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2015. Pagó una multa de 30.000 euros del exconsejero Francesc Homs por el 9-N y, cuando el Tribunal de Cuentas impuso una fianza de 5 millones de euros a Artur Mas y varios excargos del Govern por el 9-N, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (hoy en prisión por su implicación en el plan secesionista) alegaron que «la única respuesta posible» era «la solidaridad».

En relación a la fianza solidaria de Artur Mas y varios miembros de su gobierno por el uso de fondos públicos para organizar el 9-N, el expresident depositó 2,2 millones de euros y, días más tarde tras pedir una prórroga, otros 400.000 euros que, según declaró en una entrevista, había podido aportar «gracias a miles y miles de personas» que contribuyeron a la «caja de solidaridad». A la cantidad de dinero aportada hay que sumarle varios bienes patrimoniales que Mas, Ortega, Rigau y Homs acreditaron para hacer frente al gravamen.