El Gobierno de Sánchez incumple 55 resoluciones del PP aprobadas por el Congreso

Estas resoluciones incumplidas afectan a políticas relacionadas con casi todos los ministerios: desde Derechos Sociales a Igualdad pasando por Trabajo, Economía, Hacienda, Sanidad, Justicia, Exteriores, Defensa, Ciencia, Política Territorial, Educación, Industria, Cultura, Interior, Agricultura y Transición Ecológica.

Las proposiciones no de ley carecen de carácter vinculante para el Gobierno, pero el Congreso instó al Ejecutivo a rendir cuentas sobre su cumplimiento en 2011. Cuando Mariano Rajoy no lo hizo, la bancada socialista le atacó con dureza. Posteriormente, el PSOE de Pedro Sánchez defendió en 2018 que el Ejecutivo debía remitir dos veces al año a la Cámara «un informe relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones» aprobadas por el Congreso. Por aquel entonces, los sanchistas también consideraban necesario que la oposición pudiera pedir la comparecencia del Ejecutivo «para explicar» ese informe.

Ambas peticiones fueron registradas y firmadas por el hoy secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas , como enmiendas a una reforma del Reglamento impulsada por el PNV que no llegó a concluirse. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez no lleva a la práctica nada de todo ello cuando, para más inri, el anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero , sí lo hizo.

Y es que la exigencia de que el Gobierno debe cumplir las resoluciones que aprueba el Congreso o justificar por qué no lo hace ha sido una bandera de los socialistas desde el año 2003. Por ello, Rodríguez Zapatero decidió rendir cuentas sobre ello y elaboró informes sobre el grado de ejecución de las resoluciones parlamentarias y los remitió a la Cámara Baja durante sus tres primeros años de gobierno –de 2004 a 2007–. Rajoy no hizo lo mismo cuando llegó a Moncloa y el portavoz socialista en la Comisión del Reglamento, Ciprià Císcar, le acusó de enviar esta rendición de cuentas al olvido.

La misma crítica puede hacerse a Podemos. Una formación que en 2018 iba aún más lejos que el PSOE y exigía que esos informes debían ser «detallados», remitirse al Congreso en febrero y en septiembre, y que el Ejecutivo compareciera a los quince días para explicarlos y «responder» a las preguntas que tuviera la oposición. Desde Unidas Podemos, la entonces diputada Isabel Salud defendía la necesidad de poner fin a la desobediencia del Gobierno popular a las resoluciones de la Cámara. «Se muestra insumiso ante mociones aprobadas, que se quedan en el plano de lo simbólico con el consiguiente desconcierto de la ciudadanía», cargaba contra el equipo de Rajoy. «En esta Cámara se expresa la voluntad popular y el Gobierno, sin embargo, nos dice esto para después ignorarlo».

La portavoz popular, Cuca Gamarra , reclama ahora una rendición de cuentas que nunca debió dejar de producirse, que ha sido bandera política de los socialistas y reclamación de los sanchistas. Por ello, ha lanzado una ofensiva en el Congreso que incluye peticiones escritas a los 17 ministros que incumplen resoluciones del Congreso para que informen de los motivos de ello. Además, ha solicitado a los presidentes de las comisiones del Congreso que insten al Gobierno a dar esas explicaciones y ha reclamado la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La respuesta de los socialistas será un nuevo indicador sobre su disposición real a someterse al Congreso, cumplir sus promesas políticas y colaborar con los populares.