El Gobierno se queda solo en su gesto al secesionismo y sigue sin garantías de aprobar los Presupuestos

El pasado 17 de mayo, apenas quince días antes de convertirse en presidente del Gobierno Sánchez declaró lo siguiente durante una entrevista: «Si no hay altercados públicos, eso no quiere decir que no haya delito de rebelión, como sí que se produjo». Y proseguía: «¿Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es» .

Tras realizar Calvo estas afirmaciones tan alejadas de la realidad en dos preguntas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un tercer periodista le pedía explicaciones por las palabras de Sánchez del «pasado mayo». Y a eso se aferró Calvo: «¿Pasado mayo? Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno», a lo que el periodista le replicó: «Bueno, pero es la misma persona, ¿no?» . Ahí quiso Calvo zanjar el tema ante la incredulidad general de la sala de prensa: «No, es que, perdóneme que le diga, nosotros somos Gobierno ahora, respondemos por la posición del Gobierno».

La vicepresidenta del Gobierno asumió junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la comparecencia posterior al Consejo de Ministros una vez se conocieron los escritos de acusación de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado. Toda la argumentación del Ejecutivo iba encaminada a no dar la sensación de haber interferido en la Abogacía para que haya descartado la rebelión. «Se ha actuado con criterios jurídicos y técnicos. Hay un debate social y jurídico sobre lo que ocurrió en Cataluña el año pasado y ese debate se ha trasladado a la Abogacía que, analizando esos hechos, ha concluido que se cometieron los delitos de desviación de fondos públicos, sedición y desobediencia grave de resoluciones judiciales», defendió la ministra de Justicia.

Por su parte, Calvo señaló que es «la primera vez que Abogacía y Fiscalía califican», y que «de aquí para atrás», lo que se ha podido escuchar han sido «opiniones, fruto del debate», argumentando con ello que no hay «ningún cambio de posición» y que «como Gobierno vamos a respetar escrupulosamente el punto en que entra este proceso. No hay más que debatir para el Gobierno para este punto».

Ambas defendieron que la decisión de la Abogacía «no es un gesto político», y que la polémica suscitada es simplemente fruto de «un debate entre los operadores jurídicos», como lo llamó Delgado, que insistió en que «no ha habido imposición de criterio» por parte del Ejecutivo. Pese a que la Abogacía ha rechazado el delito de rebelión y rebajado a más de la mitad las penas solicitadas para los muñidores del golpe independentista. Delgado reconoció no tener «ni idea» de si esto va a servir para contar con el voto de los independentistas a los Presupuestos.

Pero ayer ya tuvo la primera respuesta en boca del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que consideró que la decisión de la Abogacía «no es un gesto, es un desprecio absoluto» y calificó a Pedro Sánchez de «cómplice de la represión» porque «ha decidido no actuar». Los independentistas demandaban que se instase públicamente a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión, cosa que no ha sucedido. El camino para aprobar los Presupuestos de 2019 sigue siendo tortuoso.

Calvo, además, no dijo la verdad cuando se le preguntó por sus palabras de la pasada semana apostando por modificar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión, defendiendo «adaptar las normas a las situaciones en que en estos momentos nos movemos» .

Preguntada también por la posibilidad del indulto, la vicepresidenta dijo que ese recurso «no implica el perdón del delito» cometido y defendió que es «una figura constitucional» y que reformarlo para que no pueda ser aplicado a los delitos de rebelión y sedición, como quieren PP y Cs, requeriría «una reforma importante».