La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras como líder de la rebelión

En el escrito, la Fiscalía, representada en la causa por cuatro veteranos fiscales, no ha cedido y ha corroborado lo que ha defendido durante toda la instrucción: que los líderes del «procés» asumieron los brotes de violencia como un medio para empujar ilegalmente a la independencia de Cataluña. El Ministerio Público invoca como ejemplos el acoso a la Guardia Civil que tuvo lugar en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y los sucesos del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre del 2017.

El Ministerio Público describe una estrategia delictiva que pivotó sobre tres vértices: el poder parlamentario, encabezado por la antigua presidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell; el Ejecutivo, con los antiguos gobernantes catalanes liderados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; y las movilizaciones callejeras, lanzadas y controladas por los Jordis, como dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Desde los tres frentes, los líderes del «procés» alentaron una insurrección, para tratar de doblegar al Estado y lograr la independencia catalana. Para lograrlo, y al asumir la violencia como un medio necesario, los responsables del plan ilegal se valieron «de la fuerza intimidatoria» que representaban tanto las movilizaciones callejeras como la disposición de los Mossos, plegados a los designios políticos.

A juicio de la Fiscalía del Supremo en su acusación, el plan orquestado por los encausados consistía en «orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional».

Para ello, dicen los fiscales, se contempló la «utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional».

Esta apreciación -la existencia de violencia en los medios empleados para empujar hacia la independencia por las vías ilegales- centrará el debate esencial en el juicio oral, que comenzará a mediados de enero y cuyo desarrollo se prevé entre dos y tres meses. El juez del caso, Pablo Llarena , cerró la investigación con la conclusión de que el plan incluyó estos brotes de violencia, basado siempre en indicios. Los siete jueces de la Sala Penal del Supremo que enjuciarán los hechos resolverán lo que sucedió y delimitarán los delitos.

En los actos ejecutivos de los antiguos gobernantes catalanes descritos por el Ministerio Público, el escrito de acusación incluye todos los actos de disposición de fondos públicos para la preparación y celebración del referéndum ilegal. La Fiscalía cifra el gasto total para esta partida en 2,83 millones de euros.

La Fiscalía, en la causa que se desarrolla en la Audiencia Nacional, también atribuye el delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero , a quien acusa de dirigir la subordinación de los agentes autonómicos al plan ilegal. El Ministerio Público solicita para él once años de prisión.

En esa causa, la Fiscalía acusa también por rebelión a la antigua cúpula política de los Mossos: al antiguo director de este cuerpo policial Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña César Puig. Pide para ellos 11 años. Para Teresa Laplana, la intendente de los Mossos, el Ministerio Público solicita 4 años de cárcel por el delito de sedición, al considerarla responsable del acoso que sufrió la Guardia Civil el 20-S, sin otorgarle ningún rol en el plan general del proceso ilegal.