Pedro Sánchez y Carmen Calvo - EFE

El Gobierno deja ver que el delito de rebelión no es adecuado para los políticos catalanes presos

La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, subraya la vinculación del delito de rebelión con golpes militares

El PDECat da la «bienvenida» a estas reflexiones el Ejecutivo y pide de nuevo a la Fiscalía que reconsidere sus acusaciones

El PP rechaza la tesis: «Hay muchas formas de ejercer la violencia» y no es necesario que haya militares, advierte Hernando

MadridActualizado:

El Gobierno sigue intentando demostrar a los grupos independentistas que está haciendo todo lo que está en su mano para acercarse a sus posiciones. Y en un momento en el que ERC exige a La Moncloa que inste públicamente a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión a los políticos catalanes encarcelados, la vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, ha insistido esta mañana en la idea de que el delito de rebelión, tal cual está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, no es aplicable a líderes políticos que no utilicen las armas para intentar subvertir el orden constitucional.

En una entrevista en Onda Cero, la número dos del Ejecutivo ha abogado así por «adecuar el delito de rebelión a las situaciones actuales en que nos movemos». Una iniciativa que el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó por impulsar el pasado mes de mayo cuando solo era líder de la oposición, pero sobre la que los socialistas no se habían pronunciado desde que llegaron a La Moncloa.

«Es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses», concluyó entonces. Esta mañana Calvo ha apuntalado esta tesis. «El golpe de Estado requiere fuerza, instrumentos de fuerza coercitiva y está asociado a las armas», subrayó, apostando así por una tesis contraria a la del juez Pablo Llarena. La vicepresidenta ha adelantado también que el próximo 2 de noviembre la Abogacía del Estado presentará su escrito de acusación para los políticos catalanes.

La posición de fondo de Sánchez es que el delito de rebelión debe modificarse porque con su actual redacción está absolutamente vinculado a golpes militares. Y que esta reforma debe llevarse a cabo en mitad del proceso judicial, porque la labor del legislador tiene que ser abrir un debate sosegado, sereno pero también contundente para actualizar el delito de rebelión, informa Víctor Ruiz de Almirón.

«No queremos inmiscuirnos en la instrucción del juez Llarena, al contrario, la respetamos, pero desde el punto de vista del legislador es evidente que tenemos que actualizar este delito y tenemos que defender la Constitución», apostillaba Sánchez en mayo, aceptando de forma implícita que con su redacción actual no puede aplicarse para juzgar los sucesos de Cataluña.

Mención a Trillo

En esta línea, el presidente de Gobierno recordó este miércoles en el Congreso la tesis exhibida en 1994 por el entonces diputado popular Federico Trillo. «Hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares», subrayó el presidente del Gobierno, abriendo la puerta a esa inadecuación del delito para castigar los hechos del 1 de octubre.

El jefe del Ejecutivo reforzaba así la tesis del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que previamente había subrayado que «el mismo concepto de golpe de Estado implica la fuerza, la coacción creíble de la fuerza, y todo el proceso catalán ha sido pacífico». «El proceso catalán no aspiraba a cambiar el régimen político español -que sería lo que tendría que estar en el centro del objetivo de un golpe de Estado-; lo que ha habido en Cataluña es una crisis constitucional en torno a la identidad nacional catalana, y eso se aborda políticamente», añadió el político vasco.

Desde el PP, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, Rafael Hernando, ha desechado la tesis de Trillo recordando que «hay muchas formas de ejercer la violencia» y no requiere que haya militares «para ejercerla». El político popular ha recordado así como los miembros de las Fuerzas de Seguridad fueron perseguidos en Cataluña y se envían balas a los militantes de PP y Ciudadanos. «Con esto tiene que acabar el señor Sánchez» ha exigido, antes de considerar que «no hace falta modificar el Código Penal». «Lo que hace falta es que apoyemos a los magistrados y defendamos el procedimiento del Estado de derecho», ha reclamado. «No pretendamos desde el Gobierno condicionar a los jueces de forma directa y otras veces de manera sutil e indirecta», ha reprochado.

ERC exige disculpas

Tras todas estas palabras, el portavoz de ERC, Joan Tardà, se ha crecido esta mañana y ha pedido que el Estado no solo libere a los políticos independentistas encarcelados sino que, además, les pida perdón. Por su parte, fuentes del PDECat han advertido que estas declaraciones del Gobierno son bienvenidas, pero no suficientes para lograr el apoyo del independentismo catalán a los nuevos Presupuestos del Estado.

Durante su entrevista en Onda Cero, Calvo también se ha referido al encontronazo que tuvo lugar ayer entre Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, en el Congreso después de que el segundo acusara al presidente de colaborar con el golpe de Estado que intentan perpetrar los partidos independetistas catalanes. Calvo reconoció que el Gobierno no puede «romper» con el PP pero subrayó que Sánchez «no puede aceptar que alguien le diga golpista». «No vamos a admitir ni una vez más que alguien del PP, como ya hizo también Rajoy con Zapatero, nos agravie de esta manera tan calumniosa y tan peligrosa», advirtió.

El PP, en cambio, no mueve su postura e insiste en que Casado no retirará sus palabras. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha reiterado que Sánchez «está pactando con aquellos que han intentado un golpe de Estado y que los españoles le llaman a eso colaborar con un golpe de Estado».

Ciudadanos, por su parte, ha criticado las presiones del Gobierno a los jueces, informa Itziar Reyero. «Sánchez se mete a juez para presionar a los jueces, debe ser parte del acuerdo con ERC y PDECat», ha declarado hoy José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. A juicio del dirigente naranja, «Sánchez está gobernando con los golpistas, con los que están dando un golpe en La Moncloa».