La Fiscalía abre «diligencias» por si la Generalitat está cometiendo tres delitos y actuando en contra del TC

Tal y como informó ABC ayer , algunos partidos políticos sospechan de que la Generalitat podría haber puesto en marcha un proceso informativo para remarcar conceptualmente que Cataluña está en la fase previa a la celebración de un referéndum.

Así, tendría sentido el anuncio institucional publicado este miércoles en «La Vanguardia» –al que hace referencia la Fiscalía– y el mismo, ayer, en «El Periódico», animando a los catalanes a que si tienen «familiares o amigos que viven fuera de Cataluña» les insten a inscribirse en «el registro de catalanes residentes en el exterior». A cambio se les ofrece que dispondrán de la tarjeta sanitaria, disfrutarán del carné joven y, entre otras cosas, «decidirán de forma directa sobre lo que pasa en nuestro país», entendido este por Cataluña.

Esto, sumado a la sospecha de que el contrato licitado para la elaboración de papeletas y todo el material de papelería para unas elecciones al Parlamento autonómico pueda acabar supondiendo una adjudicación para la elaboración de las papeletas de un referéndum, y que el Parlamento autonómico aprobó unos presupuestos que incluyen una partida destinada a la celebración de un referéndum secesionista, llevó a la Fiscalía a investigar si se están cometiendo varios delitos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó en varias ocasiones a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña que se abstuvieran de promover cualquier acción dirigida a promover o convocar un referéndum, para el que solo el Gobierno tiene la capacidad de proponer y el Congreso autorizar.

La Fiscalía, siguiendo esta línea, ya se querelló contra Carme Forcadell, presidenta de la Cámara catalana, por incumplir el mandato del TC. En dos ocasiones. La causa está en manos del Tribunal Superior de Justicia catalán .

Por su parte, Ciudadanos pidió ayer la comparecencia de la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs , para que dé explicaciones en sede parlamentaria por la licitación «aparentemente arbitraria» de un contrato para elaborar papeletas electorales «que podrían ser destinadas fraudulentamente a la realización de un nuevo 9-N».

El Gobierno, a su vez, a través del portavoz, Íñigo Méndez de Vigo , confirmó que los presupuestos de la Generalitat para 2017 serán impugnados ante el TC por incluir en ellos una partida para celebrar un referéndum independentista, previo paso por el Consejo de Estado. «Nadie está por encima de la ley. Cuando se incumple la ley, al final se puede llegar a cualquier lugar, y eso es algo que a los responsables políticos no se nos puede olvidr», añadió Méndez de Vigo.

Por otro lado, Junts pel Sí (JpS) y la CUP registraron ayer el texto de cambio de reglamento del Parlamento autonómico para hacer posible la aprobación «en lectura única», es decir, por la vía rápida y sin los debates mínimos habituales, las llamadas leyes de desconexión. JpS y la CUP tardaron 15 minutos en ponerse de acuerdo en una reunión de la ponencia, pero sin partidos de la oposición.