La CUP solo salvará las cuentas de Puigdemont si hay referéndum unilateral

El proyecto legislativo superará hoy el trámite con los votos a favor de JpS (62 diputados autonómicos) y dos de la CUP . En total: 64. La oposición (Cs, PSC, CSQEP y PP) suma 63. Los ocho representantes restantes de la CUP (que tiene diez) se abstendrán «porque el referéndum es un compromiso con todo el país» pero los presupuestos no son de su agrado por el escaso «contenido social». Mientras Reguant mostraba una papeleta del supuesto referéndum añadió: «Nos hemos propuesto tumbar el régimen».

De esta manera, las formaciones que sostienen al Gobierno de la Generalitat harán caso omiso al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que, por unanimidad, declaró inconstitucional la Disposición Adicional 31ª el pasado 3 de marzo. La institución autonómica señaló que la competencia de convocatoria de referéndums es «exclusiva» del Gobierno y que, por lo tanto, una partida presupuestaria destinada a su ejecución por parte de la Generalitat no cabía ni en la Constitución ni en el Estatuto.

Todos los grupos de la oposición advirtieron, otra vez, durante el debate parlamentario de ayer al presidente de la Generalitat y al resto de consejeros autonómicos de que su empecinamiento en mantener la referencia «ilegal» en los presupuestos «solo puede acabar mal».

Carlos Carrizosa (Cs) señaló que su partido no apoyará «unos Presupuestos que no cumplen las leyes vigentes» y añadió que no son unas cuentas para salir de la crisis, «sino para sacarnos de España y de la Unión Europea» y «contentar a sus socios de la CUP».

Alicia Romero (PSC) recordó que el proyecto de presupuestos tiene 1.122 enmiendas, lo que consideró «inédito e inaudito», y pidió a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que cumplan las leyes que se aprueban en el Parlamento de Cataluña.

Por su parte, Joan Coscubiela (CSQEP) reprochó al ejecutivo catalán que no tuviera en cuenta el dictamen del CGE: «Si no lo respetamos, no respetamos al Parlamento de Cataluña . Y así no podremos pedir que otros nos respeten». Coscubiela también alertó de que la enmienda de JpS a la Disposición Adicional 31ª, tras el dictamen del CGE, la convierte en «inaceptable» pues «dice una cosa y la contraria» –al añadir JpS una referencia a que el referéndum puede ser pactado, pero sin eliminar el primer párrafo que establece la competencia para la Generalitat–.

Alejandro Fernández (PP) fue el que se mostró más duro y, en ocasiones, en sarcástico. El popular advirtió al Gobierno de la Generalitat de que se aprobará una partida para llevar a cabo «un referéndum trampa» y les reprochó que lo que estaban haciendo «no va de democracia» y sí de «supremacismo, imposición e ilegalidad».

Por último, Roger Torrent defendió la posición de JpS, celebrando que se hubiera llegado a un acuerdo con la CUP. El diputado defendió que los Presupuestos incluyan «la doble vía» para convocar un referéndum: la posibilidad de hacerlo «pactado » con el Gobierno o mediante una fórmula unilateral. «Avanzamos definitivamente con más herramientas para la democracia», añadió.

En esta línea, hoy se confirmará también el apoyo de JpS a la enmienda de la CUP –presentada antes del dictamen del CGE– para eliminar la referencia a la legalidad vigente y celebrar un referéndum pase lo que pase al margen de la legalidad española. De esta manera, la mayoría de JpS y la CUP tumbará la propuesta de CSQEP que pide modificar el texto inicial de la Disposición Adicional 31ª para defender una iniciativa legal, acordada y con garantías.

Por su parte, las enmiendas de Cs, PSC y PP sobre este asunto también serán rechazadas. Para estas tres formaciones la parte de los presupuestos que hace referencia al referéndum de secesión debería ser suprimida, en consonancia con la opinión del CGE. El proyecto de Presupuestos va acompañado de la ley de impuestos y medidas fiscales, que no está previsto que se vote hasta mañana. Esta norma cuenta con 712 enmiendas, de las que seis son de JpSí, 75 de Cs, 317 del PSC, 133 de CSQEP, 113 del PP y 68 de la CUP.

En este caso, la ley de acompañamiento sí tiene el visto bueno del CGE, que dictaminó su legalidad a la par que advirtió de la ilegalidad de la DisposiciónAdicional 31ª.