El TC advierte a Puigdemont de los efectos penales de una nueva consulta

Esta advertencia llega precisamente cuatro días después de que se baje el telón del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por impulsar una consulta similar, celebrada el 9 de noviembre de 2014, también suspendida y anulada por el TC. Mas alegó en la vista oral un fingido desconocimiento de las advertencias del tribunal garante, con la intención de evitar ser condenado por desobediencia, uno de los dos delitos que le atribuye el fiscal, junto al de prevaricación. El Ministerio Público pide para él 10 años de inhabilitación política.

El tribunal garante entra al fondo del asunto y declara inconstitucionales varios apartados del acuerdo, que tramitó el referéndum, en un auto que se conocerá en los próximos días.

Con esta decisión, el TC estima un recurso presentado por la Abogacía del Estado, quien planteó un incidente de ejecución de sentencia contra algunos apartados de la resolución aprobada por el Parlamento catalán. Las propuestas anuladas ahora por el TC -que ya quedaron suspendidas en diciembre al admitir a trámite el incidente- abogaban por convocar un referéndum por la independencia de Cataluña como tarde en septiembre de 2017 y consagraban la unilateralidad: irían adelante a pesar de que no exista un acuerdo con el Gobierno español. Las dos resoluciones conflictivas fueron aprobadas con los votos de Junts pel Sí y los antisistema de la CUP, sus socios; pero un diputado de Sí que es Pot que forma parte de la Mesa del «Parlament», Joan Josep Nuet, también apoyó que las propuestas fueran votadas.

El TC también aceptó notificar en persona esta resolución a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del «Parlament», al secretario general de la cámara autonómica, así como al presidente de la Generalitat, Puigdemont, y todos los miembros de su Consejo de Gobierno: entre ellos, por tanto, también Oriol Junqueras .

El tribunal se lo explica a todos ellos con palabras claras: se acuerda notificarles el auto «con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimento a la resolución en los apartados anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que suponga ignorar o eludir la nulidad de estos apartados, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal».

Además, el TC denunció ayer ante la Fiscalía a Forcadell, y a cuatro miembros de la Mesa del «Parlament», el órgano de dirección de la cámara legislativa catalana. Se trata de tres miembros de Junts pel Sí , la coalición de Gobierno que forman la antigua Convergència y ERC: el vicepresidente primero de la Mesa Luis María Corominas, la secretaria primera de la Mesa Anna Simó y la secretaria cuarta de la Mesa Ramona Barrufet; y un miembro de Catalunya Sí que es Pot, la confluencia de Podemos e ICV que cuenta con el apoyo de los «comunes» de Colau: el secretario tercero de la Mesa Joan Josep Nuet. Es la primera vez que un dirigente de este partido es apercibido por el Constitucional por el desafío secesionista.

Con este paso, conocido técnicamente como deducir testimonio, el tribunal deja en manos del Ministerio Público la presentación de una posible querella contra ellos, una secuencia de hechos que ya tuvo lugar contra Forcadell por permitir la votación de la resolución de ruptura, también anulada y suspendida por el TC.

Como era previsible, el paso dado por el TC no ha modificado para nada la postura de los partidos independentistas, que ayer se reafirmaron en su propósito rupturista. « No desfalleceremos, no pararemos y seguiremos », se apuntaba desde Junts pel Sí, una postura desobediente que se reafirmó desde la CUP. «El referéndum se hará lo quiera o no el TC», señalaban en el partido antisistema.

Como viene siendo habitual cada vez que el TC mira a Cataluña, el Gobierno catalán hizo ayer oídos sordos e insistió en que la decisión del Alto Tribunal «no altera en nada» la «voluntad inequívoca» de de convocar una nueva consulta . «Esto no altera en nada nuestra voluntad inequívoca de continuar trabajando para poder celebrar un referéndum en 2017. No hay ninguna resolución de ningún tribunal que pueda alterar o modificar el planteamiento de querer hacer un referéndum»», subrayó la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, quien enfatizó que su posición viene «reforzada por una mayoría parlamentaria» y una «mayoría social». Para la también consejera de Presidencia, «no es ninguna sorpresa» esta decisión ni la «celeridad extraordinaria» con la que la ha tomado, justo después de «una semana tan intensa como la pasada», con el juicio por el 9-N, por lo que la Generalitat seguirá con el referéndum.

Frente a esta posición, el portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Fernando de Páramo, celebraba un auto que certifica que los políticos «no tienen privilegios». A su vez, la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, consideraba «lógica» la decisión del TC ya que «había resoluciones que se salían del marco legal». Por su parte, el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, tildó a las fuerzas independentistas de «totalitarias» y advirtió de que «si pudieran tener un Estado independiente, echarían de Cataluña a los catalanes que nos sentimos catalanes y españoles».