Los letrados del Parlament advierten de que votar la partida del referéndum es desobedecer al TC

Después de la sesión de control al Gobierno autonómico, este miércoles, era el momento de iniciar la votación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017 cuando el vicepresidente de la Cámara catalana, Lluís Corominas (JpS), ha leído una nota de los letrados advirtiendo de la posible ilegalidad que se iba a llevar a cabo.

En la nota de los letrados, el secretario general del Parlamento de Cataluña, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, aluden a la Disposición Adicional 31ª incluida en los presupuestos, que exhorta la Generalitat a organizar "un proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".

Los letrados consideran que la votación de esta disposición y la enmienda de la CUP "están afectadas por la declaración de nulidad" del Tribunal Constitucional (TC), en su auto 24/2017 en que anuló la resolución del Parlamento autonómico para convocar un referéndum independentista, aprobado el 6 de octubre en el debate de política general catalán.

"En este sentido la votación y eventual aprobación de la disposición adicional o la enmienda mencionada comportaría ignorar la advertencia del auto respecto al deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica que contravenga la declaración de nulidad, con las responsabilidades que se derivarían en caso de no atender este deber", añaden los letrados.

Los juristas apuntan además que esta situación "no se evitaría" con la eventual aprobación de la enmienda de JpS, ya que "mantiene el texto de la disposición adicional", como tampoco con la enmienda de CSQEP, si se convirtiera en una adición al texto de la disposición.

Tras su lectura, el portavoz de Csiudadanos, Carlos Carrizosa, y el portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, han pedido una reunión extraordinaria de la Mesa para analizar la nota; pero Forcadell lo ha rechazado. Sin embargo, ha suspendido la sesión unos minutos para que los grupos parlamentarios pudieran valorarla.

Cuando se ha reanudado el pleno, la oposición ha pedido a la presidenta de la Cámara que no se vote una propuesta que es ilegal a todas luces, ya señalado por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el pasado 3 de marzo y ahora, también, por los servicios jurídicos del Parlamento autonómico.

Pero Forcadell se ha mantenido en sus trece y ha alegado que la Mesa parlamentaria ya se habia pronunciado sobre las enmiendas y que el texto de los letrados es solo una nota y no un informe jurídico.

Por su parte, la portavoz del PSC, Eva Granados, ha pedido que los grupos proponentes de las enmiendas afectadas, JpS, CUP y CSQEP, se pronunciaran sobre si las retirarán para que el resto pudieran deliberar sobre una base, una demanda también rechazada.