La Generalitat de Cataluña «juega al despiste» y licita un contrato para papeletas

La duración del contrato es, según figura en la plataforma de servicio de contratación pública autonómica, por cuatro años, tiene un coste total (estimado) de 897.520,65 euros (más IVA) y compromete a la empresa adjudicataria a asumir la elaboración de «sobres electorales», «papeletas», «manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales» e «impresos electorales».

Desde la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda desmintieron la posible relación de la licitación y la partida presupuestaria para un referéndum y apuntaron a ABC que esta convocatoria es «un proceso ordinario» de cara a las empresas de papelería y que se «trata de un acuerdo marco para homologar empresas que puedan proveer todos los impresos necesarios para unas elecciones al Parlamento de Cataluña» . Una vez se convoquen elecciones parlamentarias –y desde la Generalitat remarcaron este aspecto– «se podrá pedir un presupuesto a estas empresas y adjudicarlo a la que presente mejor propuesta».

Quedaría así descartada la posibilidad de utilizar este contrato para la impresión de las papeletas, sobres y el resto de material en un hipotético referéndum secesionista, al no cumplir con las condiciones detalladas en los pliegos anexos al contrato y estar especificada la finalidad en la descripción de la prestación: «Elecciones al Parlamento de Cataluña».

De hecho, en el precedente de la consulta o referéndum del 9-N –por el que Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau han sido condenados recientemente por desobediencia– la Generalitat encargó a presos de la cárcel de Lérida a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción la elaboración de las papeletas, intentando evitar así cualquier tipo de vínculo entre con la contratación pública. Esta triquiñuela no les sirvió.

Otra cosa es lo que se pretenda hacer con este contrato para unas elecciones. Desde las filas del PP están convencidos de que el contrato marco ahora licitado «sí permitiría encargar, en el momento adecuado, una contratación para un referéndum». Así, Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento autonómico , apuntó que «pueden utilizar el contrato para convocar un referéndum como para convocar unas elecciones».

Carlos Carrizosa (Cs) , por su parte, no es del mismo parecer que el popular e indicó que el contrato está redactado en «términos tan claros que sería una barbaridad que se rompiera el acuerdo entre administración y proveedor» para ejecutar la adjudicación a otro propósito que no sea el de unas elecciones autonómicas. Por lo que, en Cs creen que se trata de una licitación «habitual» de cara a un proceso electoral al Parlamento autonómico. «Pero no sabemos cuándo, si para antes o después del verano», añadió.

Por otro lado, persiste la polémica en torno a la aprobación de la partida presupuestaria para la celebración de un referéndum . PP, PSOE y Cs anunciaron ayer que presentarán en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica. El Gobierno también tiene la intención de acudir al Alto Tribunal, en cuanto se publique el articulado definitivo y oficialmente.

Unas cuentas que para el vicepresidente de la Generalitat y responsable de Economía, Oriol Junqueras , son constitucionales, incluida la disposición adicional sobre el referéndum, insistió ayer. Sin embargo, para Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) no está tan claro y pidió no publicar el articulado de los presupuestos en el Documento Oficial de la Generalitat (DOGC) hasta que se tenga un informe favorable de los servicios jurídicos, ya que creen que las dos enmiendas aprobadas –una a propuesta de estos y otra por la CUP– son «contradictorias».