Diez momentos que marcaron la instrucción

Las querellas, en el punto de partida

El 30 de octubre de 2017, tras innumerables advertencias ante su reiterada desobediencia al Tribunal Constitucional, la Fiscalía interpuso sendas querellas contra el ya expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus consejeros, por un lado; y contra la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa, por otro. La primera en la Audiencia Nacional (como consecuencia de la aplicación del 155 y los imputados habían perdido su condición de aforados); la segunda, en el Tribunal Supremo . A todos ellos acusaba de delitos de rebelión o sedición, malversación y desobediencia . Tres días después, la juez Carmen Lamela mandaba a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En paralelo a las prisiones de la Audiencia , y solo una semana después, el juez Llarena se desmarcaba en el Supremo del criterio de la Audiencia y dejaba en libertad bajo fianza a Forcadell y a los miembros de la mesa imputados. El 4 de diciembre, tras haber asumido el Supremo también la causa de los exconsejeros, el instructor revocaba las prisiones y dejaba solo en la cárcel a Junqueras y a Forn. Ellos y los «Jordis» llevan allí 15 meses.

Puigdemont abandona a los suyos

Aquel 2 de noviembre, el expresidente Puigdemont y otros cuatro consejeros (Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret) no se presentaron en la Audiencia Nacional. Habían huido a Bélgica con lo que eso implicaba para los imputados que sí habían comparecido ante la justicia: el riesgo de fuga caía sobre ellos como una losa. Ese mismo día Lamela activaba órdenes de busca, captura y entrega de los huidos, pero Llarena las retiraba un mes más tarde a la espera de tener apuntalados los indicios delictivos: España no se podía exponer a una entrega que impidiera juzgarles por los mismos delitos que al resto.

Los consejeros vuelven a la cárcel

Después de casi cinco meses de investigación, el 23 de marzo de 2018, a las puertas de la Semana Santa, Llarena comunicaba su procesamiento a 25 de las 28 personas investigadas por el «procés». Lo hacía por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, y a siete de ellas las procesaba en rebeldía. A la lista de los huidos se sumaba ahora Marta Rovira, quien, como había hecho Anna Gabriel el mes anterior, eligió Suiza como «paraíso judicial». Poco duró la libertad a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsejeros de Puigdemont, que a excepción de Vila y Mundó, volvían a la cárcel. Las lágrimas de un Turull derrotado a las puertas del Supremo presagiaban su destino.

El intento de reeditar el plan rupturista

Las elecciones de diciembre daban paso a la nueva constitución del Parlament, todavía bajo la aplicación del 155. Los independentistas siguieron tensando la cuerda y, tras pretender investir a Puigdemont a distancia (el TC lo prohibió), lo intentaron con Jordi Sànchez primero (número dos en la lista de Junts per Catalunya) y con Turull después. Fue a principios de marzo del pasado año, cuando el primero estaba preso y el segundo en libertad. Los secesionistas trataban de reeditar el plan de subversión del orden constitucional con los mismos protagonistas. La citación de Turull ante el juez para comunicarle su procesamiento, el mismo día en el que debía someterse a votación su candidatura como nuevo presidente de la Generalitat, obligaba a plantear un candidato ajeno al juicio del «procés». Turull ya no podía serlo. Acababa de entrar en prisión y el juez le prohibía asistir al pleno de investidura como hizo antes con Sànchez.

El expresident, cazado

El mismo día que Llarena comunicaba su procesamiento a los líderes de la rebelión, reactivaba las órdenes de detención internacional contra los huidos . Bélgica, Reino Unido y Suiza se habían convertido en lugares seguros para los imputados, que no dieron puntadas sin hilo cuando decidieron fugarse a esos países y no a otros.

Calculando al milímetro cada movimiento que hacía fuera de Bélgica, Puigdemont continuó su labor propagandística en países que no contemplaran en sus legislaciones el delito de rebelión: lo contrario habría facilitado su entrega. El 26 de marzo, cuando entraba en coche por Dinamarca tras dar una conferencia en Finlandia, el expresident era detenido en una operación conjunta en la que participaron las policías alemana y española y el CNI. El traslado a la cárcel de un país (Alemania) que sí recogía la rebelión en sus leyes en principio era el mejor de los escenarios para España.

La muerte de la euroorden

La sorpresa fue mayúscula cuando, sin entrar a valorar el fondo del asunto, el tribunal de Schleswig-Holstein avanzó que denegaría la entrega de Puigdemont a España por rebelión, pese a que este delito está regulado en sus leyes como «alta traición». La Fiscalía alemana, en total sintonía con la española, se esforzó en hacer ver al tribunal regional el alcance de lo sucedido: un plan de subversión constitucional en el que se asumió la violencia como medio para lograr el objetivo de la independencia. En Alemania esto nunca habría salido gratis. En julio llegaba el gran mazazo para el procedimiento en España : se aceptaba la entrega por malversación, pero no por rebelión porque «no hubo el grado de violencia suficiente». Unos días después, Llarena retiraba las euroórdenes que afectaban a los procesados en rebeldía y denunciaba la «falta de compromiso» ante un claro quebrantamiento constitucional. Las órdenes de detención e ingreso en prisión siguen vigentes en España. Cuando pisen territorio español serán juzgados en las mismas condiciones y por los mismos delitos que sus compañeros.

Sin escaño ni sueldo

Apenas unos días antes de la decisión de dejar solo vigente la orden de detención en España, Llarena suspendió de cargo público a los procesados que durante la presente legislatura habían conseguido su acta de diputado. Fue la primera vez que se aplicaba el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para un procesado por rebelión. La decisión del magistrado, confirmada luego por la Sala Penal, suponía que los presos que eran diputados (pero también el propio Puigdemont) no podían ejercer esas funciones ni tampoco cobrar. Desde su refugio en Waterloo, el «president» recurrió el pasado enero la decisión de la Mesa del Parlamento que hizo efectiva esa suspensión. Abrió así, a pocos días del inicio del juicio del procés, una brecha en el independentismo al cuestionar directamente al presidente de la Cámara, Roger Torrent.

Golpe de timón en el Gobierno

La campaña de descrédito y acoso al instructor del 1-O pocos meses después de tomar las riendas de la investigación del 1-O fue una constante y se materializó en abucheos a su salida de restaurantes, pintadas en la puerta de su casa o insultos y amenazas en las redes sociales. Lo que nadie esperaba es que en un momento puntual el Gobierno de Pedro Sánchez le fuera a dar la espalda. Fue el pasado verano, ante la demanda que Puigdemont interpuso contra él en Bélgica por unas declaraciones del magistrado que, según el «expresident», vulneraron su presunción de inocencia . Aunque desde el primer momento estaba claro que se trataba de un ataque en toda regla al Poder Judicial español («España está al lado de Kazajstán (sic), entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales (...)», señalaba el escrito), y con el dictamen en contra de la Abogacía del Estado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, consideró que no había que defender al juez porque se trataba de un asunto «privado». Tras una dura acusación de dejación de funciones del Ejecutivo por parte de jueces y fiscales, Pedro Sánchez dio un golpe de timón y obligó a Delgado a rectificar . Lo que estaba en juego era la propia soberanía jurisdiccional española. Un juez belga todavía no ha resuelto sobre este nuevo ataque al Estado de Derecho.

Privilegios en la cárcel

Pese a que fue una petición constante desde el inicio de la causa, no sería hasta julio del pasado año cuando el Gobierno central autorizaba el traslado de los presos a las cárceles catalanas. Hasta entonces, y durante toda la instrucción, los procesados permanecieron en prisiones de Madrid para estar a disposición del Tribunal Supremo. Aunque la política penitenciaria es una en toda España, pronto se empezaron a ver los privilegios que algunos centros penitenciarios dispensaban a los presos independentistas y que se tradujeron en un «vía libre» a las visitas en prisión o permisos penitenciarios sin autorización judicial, como el concedido recientemente a Rull por la directora de la cárcel de Lledoners y sobre el que el que el Supremo no ha querido hacer sangre a las puertas del juicio del «procés».

Viraje en la Abogacía del Estado

El punto culminante de la instrucción del 1-O han sido los escritos de acusación. Para la Fiscalía el desarrollo de la investigación ha apuntalado los indicios que le llevaron a presentar las querellas en octubre de 2017. El nombramiento de María José Segarra como nueva fiscal general tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa no ha variado un ápice la posición del Ministerio Público, que sigue acusando a los líderes independentistas de un delito de rebelión. Para la Fiscalía no hay duda de que la declaración unilateral de independencia respondió a un plan de subversión del orden constitucional en el que se asumió la violencia . Más difícil de explicar resulta la dulcificación de la acusación por parte de la Abogacía del Estado. Tras la purga al jefe del departamento penal, Edmundo Bal, quien durante toda la instrucción defendió el delito de rebelión, los servicios jurídicos del Estado acusan ahora solo por sedición y malversación . Ni en una sola ocasión menciona la palabra violencia en sus conclusiones provisionales.