La Fiscalía no cede ante los golpistas

Las togas de estos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se van a manchar con «el polvo del camino», inquietante frase con la que el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pretendió que la Fiscalía secundara la negociación política del Gobierno de Zapatero con ETA. Sus acusaciones por rebelión son las que merecen quienes han atentado contra lo más valioso de un Estado de Derecho, que es su integridad territorial y la vigencia de la Constitución. En otros países, este delito se castiga con la cadena perpetua, porque es una traición a la convivencia y una provocación al enfrentamiento civil. Para el Gobierno, la acusación de la Fiscalía sería una mala noticia. El Ejecutivo ha presionado indecentemente, sin éxito, a la Sala Segunda y al Ministerio Fiscal para excarcelar a los dirigentes en prisión provisional como gesto que salve los votos del nacionalismo catalán. No sólo siguen en prisión, sino también acusados por delitos de máxima gravedad.

Los separatistas arreciarán sus descalificaciones contra la Justicia y sus amenazas a Pedro Sánchez, a quien Cataluña vuelve a arrastrarlo a la cruda realidad de su impotencia política y de sus errores de planteamiento. Sin embargo, ni los separatistas ni sus tontos útiles hallarán ninguna conspiración entre poderes del Estado. Los hechos son tan evidentes y los delitos, tan claros, que lo inadmisible sería que no hubiera responsabilidades penales. Al final, la diferencia entre un demócrata y un separatista es que el demócrata respeta la ley y el separatista, no. Lo normal es que sea el separatista quien se siente en el banquillo de los acusados.